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"Es impensable que en democracia un genocida ocupe otro lugar que no sea la cárce"

El ministro de Justicia, Julio Alak, respaldó la actuación de la Secretaría de Derechos Humanos en las más de 70 causas en la que actúa como querellante y recordó que sigue vigente el ofrecimiento de pago de recompensas por 21 prófugos.

Alak consideró que “los juicios y las condenas por delitos de lesa humanidad reparan una deuda inmensa de la democracia, porque es impensable que en la Argentina de hoy un genocida y asesino ocupe otro lugar que no sea la cárcel”.

En ese sentido, el funcionario explicó que la cartera a su cargo, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, conducida por Eduardo Luis Duhalde, es parte “querellante en más de 70 causas por delitos de lesa humanidad, con lo que ejerce un papel activo de colaboración con la Justicia para el avance de las investigaciones y el necesario castigo a los culpables de la represión ilegal”.

Tras respaldar el accionar de ese organismo, Alak recordó también que todavía quedan 21 prófugos acusados de delitos de lesa humanidad, por los que el Estado ofrece una recompensa global superior a los dos millones de pesos.

El titular de la cartera de Justicia destacó la acción desarrollada desde 2003 en materia de derechos humanos, porque nos permitió “recuperar los fundamentos éticos del Estado, y promover un Estado democrático garante de los derechos humanos, capaz de erradicar la impunidad y los efectos perversos que esta tiene sobre la sociedad”.

En otro orden, Alak y el titular del Colegio Público de Abogados de Mar del Plata, Fernando González, firmaron hace una semana en esa ciudad, un convenio que permite a la cartera nacional, seguir sustentando el trabajo de abogados marplatenses que actúan como querellantes en los procesos judiciales abiertos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

Alak explicó que “desde 2008, cuando se rubricó el convenio original, hasta la actualidad, numerosas causas fueron elevadas a juicio en Mar del Plata, con lo que esas investigaciones ingresan en una fase decisiva y crucial”.

Porr lo tanto, “resulta imprescindible renovar nuestro apoyo y nuestra asistencia para lograr el juzgamiento de quienes formaron parte de la época más oscura del pasado reciente”.

Por su parte Ledda Barreiro, integrante de las Abuelas de Plaza de Mayo y titular de la Comisión de Apoyo a los Juicios contra los Represores de Mar del Plata, destacó la actualización del acuerdo y dijo que su importancia radica en que “el próximo 16 de junio comienza un mega juicio para el que se necesitan más abogados, más computadoras y todo lo que implica sostener esa estructura”.

Por otra parte, Barreiro precisó que se confirmó la participación del Colegio de Abogados en calidad de querellante, en aquellas causas en las que no hayan sido víctimas letrados.

Tras la detención que hizo Prefectura Naval a mediados de marzo del ex médico de policía bonaerense Jorge Vidal, en el marco de una causa por privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos en la que también está involucrado su colega Jorge Bergés; el Ministerio de Justicia informó que todavía quedan 21 prófugos acusados de delitos de lesa humanidad, por los que el Estado ofrece una recompensa global de $ 2.200.000.

La “Unidad Especial para la búsqueda de personas ordenada por la Justicia” se creó en mayo de 2008 a partir de la promulgación de la Ley 26.375 por parte de la presidenta, Cristina Fernández.

Con esto se impulsó un Fondo de Recompensas destinado a abonar una compensación dineraria a las personas que brinden información determinante para la detención de personas buscadas por la justicia que registren orden judicial de captura o búsqueda de paradero por haber sido autores, coautores, encubridores y partícipes necesario, en causas penales en las que se investiguen delitos de lesa humanidad.

Desde el Ministerio de Justicia se aclaró que la identidad de la persona que suministre la información ante la Unidad Especial es mantenida en secreto, aún para los agentes que intervengan en la ejecución de la captura, bajo apercibimiento de iniciar las actuaciones administrativas sumariales correspondientes.

Tanto las los miembros de las Fuerzas de Seguridad como de las Fuerzas Armadas pueden ser denunciantes.

Actualmente, entre las personas buscadas se encuentra Eduardo Salvador Ullua, imputado por la justicia federal de Mar del Plata por el delito de homicidio calificado.

Ullua, por quien se ofrece una recompensa de 200 mil pesos, está sindicado como ex integrante de la Concentración Nacional Universitaria.

También son buscados por la Justicia Miguel Angel Amigo, Ricardo Luis Von Kyaw, Teodoro Aníbal Gauto por su presunta participación en la causa “Arias Duval, Alejandro; Di Pasquale, Jorge; Romero Pavón, Carlos y otros, sobre homicidio, privación ilegal de la libertad, tormentos y sustracción de menores “.

Otros prófugos son el comandante de Gendarmería Horacio Rafael Domato, por la desaparición forzada de Fausto Carrillo en Formosa; la civil Ana María Grimaldos por la presunta supresión de estado civil, sustracción de menores de 10 años y otros delitos en la causa I Cuerpo del Ejército.

El ex miembro del Servicio Penitenciario Bonaerense Faustino Sergio Escande Lobos, acusado por sustracción de menores; y Ricardo Molina, señalado en la causa por el V Cuerpo del Ejército.

En las causas por los delitos cometidos en la ex ESMA (entre ellos la desaparición del periodista Rodolfo Walsh) aún permanecen prófugos y son buscados por la unidad especial del Ministerio los ex integrantes de la Armada, Francisco Armando Di Paola y Jorge Raúl Vildoza; los ex policías Roberto Oscar González, Juan Carlos Linares y Pedro Osvaldo, y el ex prefecto Gonzalo Sánchez.

Quienes puedan aportar información útil para dar con el paradero de los prófugos, pueden hacerlo llamando al (011) 5300-4020, escribiendo a la casilla de correo electrónico unidadespecial@jus.gov.ar o ingresando a la página web www.jus.gov.ar. La identidad de la persona que suministre datos será mantenida en secreto.