El Nuevo Estatuto del Peón, que establece condiciones laborales mínimas, abre un nuevo paradigma laboral para miles de trabajadores rurales -migrantes estacionales conocidos popularmente como peones golondrinas- quienes ahora cuentan con un instrumento legal para defender derechos históricamente violados por las patronales del campo.
La Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), organismo presidido por Alvaro Ruiz, integrado por el Estado, las patronales y el sindicato de los peones rurales (UATRE), emitió la resolución 11/11 que crea el instrumento hasta que el Congreso Nacional sancione el proyecto de ley que regula el trabajo agrario.
Ruiz, a la vez subsecretario de Relaciones Laborales, explicó
durante una entrevista exclusiva con Télam, que la resolución 11/11
surgió por las dificultades para el tratamiento parlamentario del
proyecto enviado por el ejecutivo y porque era urgente "un régimen
específico para los trabajadores temporarios en lo que hace a las
condiciones de vida, alojamiento, transporte".
"Hasta tanto salga
la ley, se trata de la búsqueda eficaz en el mientras tanto de
elementos eficaces en la lucha contra ciertos abusos como la trata de
personas y el trabajo esclavo. Esto está abonado por episodios que
salieron a la luz", indicó el funcionario, quien subrayó las políticas
que desde la cartera laboral se impulsan desde el 2003.
El
presidente de la CNTA detalló las reuniones con las patronales del campo
y el sindicato que culminaron en un portazo por parte de los ruralistas
"que nunca explicaron bien porqué se negaban al nuevo régimen laboral,
con el acompañamiento de UATRE", que permitió la creación del Nuevo
Estatuto del Peón, a casi 70 años del que presentó Juan Domingo Perón en
octubre de 1944.
"La norma legal vigente es de la última
dictadura militar, una norma precarizadora, que ayudo a llevar a los
trabajadores a peores situaciones que en el `44", aseguró Ruiz al
puntualizar que "sin norma no hay fiscalización" ni controles por parte
del Estado, ni derechos que los asalariados puedan reclamar.
Las
recientes denuncias con centenares de trabajadores mayoritariamente
santiagueños que estallaron en los medios de comunicación con las
aberrantes condiciones de habitabilidad, sumado al transporte, la
alimentación y los salarios puso en la agenda pública la situación de
los migrantes estacionales.
Ruiz explicó que la norma anterior
establece "una vivienda ¿pero cuál es la vivienda? ¿cuatro lonas sobre
piso de tierra es vivienda? Hoy eso no se puede decir: cuatro lonas
sobre piso de tierra no es una vivienda que sea admitida para
trabajadores temporarios".
Otro tanto ocurre con el transporte:
"parecería un absurdo que cuando exijo que alguien se traslade de un
lugar a otro vaya en un vehículo adecuado, y cuando hablo del campo los
trabajadores pueden ir en el mismo espacio de los tambores agroquímicos o
con los animales", añadió Ruiz durante la entrevista en la cartera
laboral.
El funcionario, que tenía en la mano un cuadernillo
dirigido a los trabajadores agrarios en los que se explicita el nuevo
marco legal, dijo "está claro que esto no es ajeno, si mejoro las
condiciones de los trabajadores metalúrgicos, textiles, ó de los
periodistas ¿porqué no voy a pensar que pueden alcanzar los mismos
estándares las trabajadoras de casas particulares o el trabajador
rural?".
Al reflexionar sobre el motivo, señaló que en algunos
casos puede ser producto de un atraso cultural pero lo que se ve no es
de empresas arcaicas sino que "vemos empresas multinacionales de renta
extraordinaria que somete a los trabajadores, o por lo menos tolera que
se someta a los trabajadores a condiciones más propias del siglo XIX que
del siglo XXI".
"No hay razones económicas ni razones de
imposibilidades prácticas ni hay razones culturales en términos reales.
Lo que hay es una expresión de capitalismo salvaje que trata de
apropiarse de la mayor parte de la renta de cualquier manera", completó
Ruiz.
Al volver sobre la actitud de los restantes integrantes de
la CNTA, el subsecretario de Relaciones Laborales consideró que "es
curioso, no existe una condena explícita ni de UATRE ni de ninguna de
las rurales empresarias que hayan señalado expresamente la ignominia que
significa la trata de personas o la reducción a la servidumbre en el
campo".
"Y no es una inferencia que uno puede hacer por el relato
que alguien le trae, son documentos fílmicos, fotográficos, testimonios
de vida de gente que ha estado o está en esa condición", finalizó Ruiz.
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