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03/04/2011 - Lo reclama la sociedad

Roussef quiere Comisión de la Verdad este año

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, confía en poder crear antes de fin de año la Comisión de la Verdad para investigar los crímenes de la dictadura militar (1964-1985) de la que ella fue presa política y víctima de torturas.

Así lo informó el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, quien agregó que "será una victoria no para el gobierno, sino para toda la sociedad" la aprobación por parte del Congreso de una comisión sobre la dictadura inédita en la historia de Brasil.

"Creo que hay un clima para aprobar en el Congreso este año la Comisión de la Verdad. La verdad no significa venganza. Verdad es verdad. Es algo que ocurrió y precisa ser rescatado para la mirada de todos. El que piensa que verdad es venganza es porque tiene mucho para esconder", dijo en respuesta a sectores militares que se oponen a la iniciativa.

El pasado jueves se cumplieron 47 años del golpe militar que derrocó al presidente constitucional Joao Goulart y por primera vez el Ejército ordenó a sus generales evitar declaraciones de reivindicación de la fecha, que fue retirada del calendario de conmemoraciones de la fuerza.

La presidenta Rousseff, según la visión de organizaciones de derechos humanos, inició su campaña por la Comisión de la Verdad "por el camino más largo": condenar la violación de derechos humanos a nivel internacional para luego cerrar el círculo en el plano local.

Rousseff combatió en organizaciones armadas a la dictadura, fue detenida entre enero de 1979 y diciembre de 1972, lapso en el que fue torturada durante 22 días seguidos.

El ministro Cardozo negó diferencias con el ministro de Defensa, Nelson Jobim, sobre la creación de la comisión de la verdad. "Buscamos juntos la negociación con el Congreso para que se apruebe el tema", dijo Cardozo.

Brasil, pieza clave del Plan Cóndor, la red de dictaduras militares sudamericanas, nunca juzgó a los represores, amparados por la Ley de Amnistía de 1979 del dictador Joao Figueiredo y ratificada en 2010 por el Supremo Tribunal Federal (STF). 


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