Centros "sociales" de militares de Uruguay evalúan presentar una denuncia internacional contra el Estado por entender que los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura (1973-1985) no les ofrecen garantías.
Estas asociaciones afirman que en los juicios que se realizan a oficiales retirados y en actividad por crímenes cometidos por el régimen existe "falta de pruebas", carencia de las debidas garantías de defensa y prescripción de los delitos, informó ayer el diario El País.
Con esa interpretación, el Centro Militar, el Círculo
Militar, el Club Naval, el Club de la Fuerza Aérea, el Centro de
Suboficiales Retirados y las cooperativas sociales y de consumo
de las Fuerzas Armadas analizan presentar una denuncia a nivel
internacional contra el Estado, en la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos o ante un tribunal de la ONU.
El presidente del Centro Militar, Guillermo Cedrez, dijo al
matutino que si bien un equipo de juristas ya trabaja en el
tema, la intención es contactar a un jurista con experiencia en
acciones ante organismos internacionales.
En Uruguay, apenas 16 ex oficiales, entre ellos el ex dictador Gregorio Alvarez (1981-1985), y un general en actividad, cumplen prisión por crímenes cometidos por el régimen, al tiempo que en febrero se retomaron las investigaciones por casos que probablemente deriven en nuevos encarcelamientos.
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