23/03/2011 - Pidió apertura de archivos de la dictadura en manos de Policía

Stella Maris exigió al Defensor del Pueblo la restitución de Canal 10 a la UNT

En la mañana de ayer, en la Defensoría del Pueblo la diputada nacional Stella Maris Córdoba y el titular del partido Memoria y Movilización, Bernardo Lobo Bugeau exigieron ante Defensor del Pueblo de Tucumán "el cese inmediato de la apropiación forzada y violenta que sigue perpetrando el Poder Ejecutivo de la provincia desde 1977 a nuestros días contra el Canal 10 de la Universidad Nacional de Tucumán".

En su presentación, Stella Maris le recordó al Ombudsman, Hugo Cabral, que "no puede desconocer que la dictadura militar que devastó nuestra patria en el periodo 1976-1983 se apoderó también de la Universidad.

Prueba de ello son los cientos de estudiantes y profesores universitarios que fueron secuestrados, torturados, muertos y/o desaparecidos. Cabe recordar que el matutino La Gaceta publica el 15/05/1976, a sólo días del asalto al poder por parte de los militares, una cifra de “357 bajas producidas entre personal docente, administrativo y de servicio en la UNT".

La representante del pueblo de Tucumán ante la Nación sostiene que no hay ninguna causa legal que justifique lo que denomina la "usurpación" accionaria del Poder Ejecutivo y la designación de un director en el canal de la Universidad.

"El gobierno provincial sigue usufructuando de algo que no le pertenece y que fuera sustraído a sangre y fuego por Antonio Bussi y la Dictadura Militar", añadió la diputada quien presentó como prueba un archivo de la prensa del 17 de Julio de 1977 del diario La Gaceta. En dicho artículo se informaba que “El gobierno y la UNT explotarán en sociedad el Canal de Televisión” y que para ello “ambos entes se obligaron mediante un contrato suscrito por el gobernador general Antonio Domingo Bussi en nombre de la alta casa de estudios” (Sic).

"Queda claro entonces que la Sociedad de Facto que aún mantiene unida a la UNT con el Poder Ejecutivo carece de toda legalidad en su causa y en sus efectos ya que éste –el PE- actuó como único centro de interés del supuesto contrato al que se refiere el matutino. Para nosotros no existe tal contrato ni nada parecido. El único centro de interés era el expresado por Antonio Bussi y la dictadura militar", añadió.

La presentación recuerda el caso paradigmático del periodista de Canal 10 Eduardo Ramos, quien despareciera el 1 de noviembre de 1976 junto a su esposa embarazada luego de negarse a cubrir la escena de falsos enfrentamientos armados para la televisora y los primeros documentos revelados ante la Justicia Federal que dan cuenta también de la existencia de una burocracia de la represión instalada también en la UNT "Que permitió comprobar que el ayer nomás jefe del informativo de Canal 10, Osvaldo “Cacho” García, era  también activo colaborador del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército durante la dictadura militar".

En su petición -amparada en el art. 14 de la Constitución Nacional, los dirigentes le recuerdan a Cabral que el Artículo 10 de la Ley N° 6644  le otorga al Defensor del Pueblo la atribución para “intervenir de oficio o a petición de parte, del modo más inmediato y por el medio más idóneo posible, para emprender cualquier investigación conducente al esclarecimiento de actos o hechos de la Administración Pública Centralizada, Descentralizada, empresas del Estado, cualquiera sea su forma y naturaleza jurídica (..) en sus relaciones con los usuarios que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, arbitrario, discriminatorio, negligente, o gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones incluyendo aquellos capaces de afectar los intereses difusos o colectivos”.

Lobo Bugeau, por su parte, recordó que la presentación también exige al Defensor del Pueblo que inste al Poder Ejecutivo provincial "en la tarea pendiente de poner a disposición de la justicia los archivos de la dictadura cívico militar, que desde febrero de 1975 con el Operativo Independencia" se desarrollara en la Provincia con la triste consecuencia de casi 3.000 desapariciones forzadas, exilios y persecuciones a quienes disintieran con la alucinada doctrina de la Seguridad Nacional. Estos archivos comprenden importantes registros de la ex Jefatura de Policía, del Comando de la V° Brigada de Infantería ("comunidad informativa"), del Instituto de Maternidad "Nuestra Señora de las Mercedes", años 1974, 1975, diez mil folios faltantes del año 1976, etc. que arrimarían luz sobre los destinos de bebés desapropiados y que -luego de arrancados del seno materno- se les cambiara la identidad".