Los presidentes de Uruguay, José Mujica, y de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se reunirán el próximo jueves en Buenos Aires para conversar sobre los problemas comerciales bilaterales ocasionados por las restricciones a las importaciones adoptadas por Argentina.
La semana pasada, Argentina resolvió ampliar de 400 a 600 los productos que no pueden ingresar al país de manera automática.
Según un estudio del Ministerio de Industria y Energía de
Uruguay, esta resolución afectará a cerca del 20 por ciento del
total de exportaciones a ese país, que en 2010 sumaron 503,2
millones de dólares.
Para 2011, se estima que las exportaciones uruguayas
truncadas a raíz de las medidas proteccionistas pueden alcanzar
los 100,6 millones de dólares.
A fines del año pasado, un problema similar afectó
especialmente a la industria de alimentos envasados, que no
obtuvo a tiempo los permisos especiales y quedó con la
mercadería paralizada.
En este caso, las restricciones afectan con mayor énfasis al
sector automotriz, tal como indicó el director de Industria
Nacional de Uruguay, Sebastián Torres.
"Los productos que más comercializamos en esos nuevos rubros
son vehículos y componentes, donde están sobre todo partes y
accesorios de automotores, máquinas y material eléctricos, como
cables y conductores aislados, papel y cartón y muebles",
precisó.
La restricciones argentinas provocaron una fuerte reacción
por parte de industriales y empresarios uruguayos, que llegaron
a exigir al gobierno de Mujica la adopción de "represalias" y
"medidas espejo" contra la administración de Fernández de
Kirchner.
Pese a las presiones, el Ministerio de Industria manifestó
que el gobierno uruguayo conversará de manera "franca y honesta"
con Argentina para no dañar el comercio y la integración
regional.
"Tenemos que asegurarnos que este tipo de medidas no impidan
que el comercio siga funcionando y vamos a atender con mayor
urgencia el caso", enfatizó Torres.
Por su parte, el embajador de Argentina en Uruguay, Dante Dovena, salió el viernes al cruce de las críticas de empresarios y opositores políticos, y sostuvo que las medidas no discriminan a Uruguay sino que son para defender al mercado interno de productos asiáticos.
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