Expresaron en un comunicado diversos organismos de derechos humanos. “Deploramos la actitud del arzobispado de Tucumán por cuanto ella aparta a la institución (que la sociedad sostiene a través del aporte del Estado nacional) de su misión espiritual y la compromete en actos inmorales reñidos con las más elementales normas éticas”, sostienen.
Comunicado completo
El día 26 de enero pasado el arzobispado de Tucumán depositó la suma de 115 mil pesos en la sucursal Tucumán del Banco Nación. De este modo se completó el monto requerido para permitir la libertad bajo fianza del sacerdote José Mijalchik procesado por la justicia federal como partícipe secundario de crímenes aberrantes como secuestro, torturas y asesinato cometidos en el marco del delito de genocidio.
Como informante, interrogador y hostigador de personas cautivas a quienes prometía conservar la vida a cambio de la delación de otras víctimas, José Eloy Mijalchik fue un agente activo del plan de exterminio del terrorismo de Estado.
Por eso los organismos de Derechos Humanos, además de considerar exigua la suma fijada por el juez frente a la gravedad de tales crímenes, deploramos la actitud del arzobispado de Tucumán por cuanto ella aparta a la institución (que la sociedad sostiene a través del aporte del Estado nacional) de su misión espiritual y la compromete en actos inmorales reñidos con las más elementales normas éticas.
Mijalchik está acusado de los mismos delitos por los cuales el sacerdote Christian von Wernich fue condenado a reclusión perpetua hace más de tres años. A pesar de ello, a la fecha la iglesia católica no inició proceso alguno tendiente a lograr su excomunión.
Así, la protección y el amparo de la institución es otro elemento en común entre estos genocidas que se contrapone con el silencio con el que la jerarquía católica avaló el martirio de monseñor Angelelli, Carlos Mugica, las monjas francesas, los curas palotinos, el cura “gaucho” Gerván y otros religiosos comprometidos con los pobres, con los oprimidos y con los excluidos. Ambas actitudes no hacen otra cosa que demostrar el rol de la iglesia católica como pilar fundamental de la dictadura cívico-militar.
Por eso, consideramos imprescindible reivindicar una vez más la memoria de los sacerdotes y monjas víctimas del accionar genocida, no sólo como víctimas sino como verdaderos predicadores de amor y de justicia.
Firman:
A.P.D.H. (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos)
A.N.D.H.E.S. (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales)
Raquel Zurita, Marta Rondoletto,Marta Gomez, Leticia Perez y Josefina Molina (familiares de desaparecidos y querellantes)
FA.DE TUC. (Familiares de desaparecidos de Tucuman)
ATSI
H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)
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