El gobierno de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, endureció ayer su enfrentamiento con las centrales sindicales, al ratificar su rechazo al aumento del salario mínimo a 580 reales (541 dólares), mientras gremialistas anunciaron que no van a "capitular" en su reivindicación.
"En el tema del salario mínimo, nosotros entendemos que no hay más negociación", afirmó el secretario general de la presidencia, ministro Gilberto Carvalho.
Carvalho y su colega, el titular de Hacienda, Guido Mantega
fueron los ministros escogidos por Rousseff para representar al
gobierno en las conversaciones con 6 organizaciones sindicales,
entre ellas las dos más poderosas, Central Unica de los
Trabajadores y Fuerza Sindical.
Mientras Carvalho dio por cerradas las tratativas con los
trabajadores, el ministro de Relaciones Institucionales, Luiz
Sergio, visitó hoy el Senado donde reiteró la instrucción de
Rousseff contra el incremento del salario mínimo solicitado por
las principales centrales sindicales.
En tanto el líder del bloque de senadores oficialistas, Romeo
Jucá, afirmó que su intención no es entrar en "guerra" con los
trabajadores, pero explicó que la prioridad del gobierno es
garantizar "la estabilidad económica y la responsabilidad
fiscal".
Las autoridades proponen que el incremento del salario mínimo
surja de una fórmula que toma en cuenta el aumento de la
inflación en 2010 y del Producto Interno Bruto (PIB) en 2009.
Ese modelo de cálculo, con base en el alza del PIB de dos
años atrás y la inflación del año anterior, comenzó a ser
implementado durante la gestión del ex presidente Luiz Lula da
Silva (2003-2010), quien fue dirigente del sindicato de los
trabajadores metalúrgicos del cordón industrial de Sao Paulo en
los años 70.
Si se toma como criterio el que aplicó Lula da Silva y ahora
es defendido por su sucesora Dilma Rousseff, el salario mínimo
en 2011 será de 545 reales, lo cual equivalen a unos 320
dólares.
"Creo que nada puede modificar esa regla acordada entre el
gobierno del presidente Lula y los sindicatos" declaró hoy el
titular del Senado, José Sarney.
"No podemos aprobar un valor para el salario mínimo sin contar con las condiciones presupuestarias para ello, si desestabilizamos la economía eso repercutirá de inmediato en la clase trabajadora" comentó el congresista Sarney en línea con los argumentos del Palacio de Hacienda.
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