Son cuatro las provincias beneficiadas con el primer pago de la Nación para ejecutar los 80 proyectos aprobados en virtud de la Ley Nacional de Bosques Nativos: Salta, Río Negro, Mendoza y San Luis, según informó el secretario de Ambiente, Juan José Mussi a su par salteño Francisco López Sastre, a quien entregó 5 millones, y comprometió para la semana próxima otros 10 millones más.
Río Negro recibió 1.700.000 pesos que corresponden a la totalidad de sus proyectos; a Mendozale acreditaron 2.500.000 pesos de un total de 5 millones, y San Luis cobró 6.500.000 pesos de un total de 9 millones.
De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el fondo no podrán ser inferior al 0,3% del presupuesto nacional, a lo que deberá sumarse el 2 % del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración.
El fondo se distribuye entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos bajo los criterios de la Ley 26.331.
El 30% del mismo estará destinado a fortalecer la capacidad técnica y de control de las provincias y fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques, y el 70% restante tiene como objetivo compensar a los titulares de bosques nativos que realicen tareas de conservación y manejo sostenible.
La partida presupuestaria destinada a sustanciar el “Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos” del 2010 (cerca de $ 300 millones) fue distribuida en la asamblea extraordinaria de Bosques Nativos del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) el 15 de diciembre de 2010 y rubricada por la decisión administrativa 926/2010 926/2010 del día 29 del mismo mes y año.
El 28 de noviembre de 2007, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que establece la suspensión de nuevos permisos de desmontes hasta que cada provincia realice el ordenamiento territorial de sus bosques nativos en forma participativa, obliga a hacer un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte, exige respetar los derechos de indígenas y campesinos sobre los bosques que habitan, y crea un fondo para la protección de los bosques.
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