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Gobierno uruguayo dio respuesta enérgica a ex militares

El gobierno uruguayo dio hoy una respuesta enérgica a un grupo de militares retirados que pidieron a los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas la defensa de ex oficiales presos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) y que amenazaron con rechazar citaciones judiciales.

En un comunicado leído por el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, y por el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, el Poder Ejecutivo señaló que "a ningún ciudadano se le permitirá no acatar lo resuelto por la Justicia".

    El gobierno subrayó que "en el ejercicio de la libre expresión, todo ciudadano tiene la potestad de emitir opiniones discrepantes con lo actuado por la Justicia".

    No obstante, se advirtió que "les está absolutamente vedado a los integrantes de las Fuerzas Armadas las actividades de carácter político, excepto el voto" y por ello "no es admisible que se intente que las Fuerzas Armadas asuman como institución la defensa de personas indagadas por diversos delitos".

    "No aceptamos que se siga persiguiendo a militares y policías por actos de servicio cometidos hace décadas", indicó una misiva de los militares dirigida a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y que se difundió el jueves. Los militares hablaron de "hostigamiento" contra una docena de ex oficiales encarcelados por violaciones a los derechos humanos y pidieron a los comandantes de las tres armas que "hagan oír su voz" en defensa de sus camaradas. En tono de amenaza, dijeron que de lo contrario harán sentir la suya "a extremos que no desearían llegar jamás" e insinuaron que rechazarían nuevas citaciones judiciales que tendrán lugar en febrero dentro de las indagatorias por violaciones a los derechos humanos. Desde 2006 una docena de ex oficiales, entre ellos el ex dictador Gregorio Alvarez (1981-1985), cumplen prisión en una cárcel especial para militares y este mes se reabrirán varios casos de crímenes cometidos por la dictadura, entre ellos el de Roberto Luzardo, muerto por omisión de asistencia en el Hospital Militar, en 1973, al tiempo que se presentarán nuevas denuncias por torturas en la Base Aérea Boisso Lanza