30/01/2011 - En General

Denuncian violencia e injusticia contra indígenas argentinos

Sin documentos ni acceso al agua, ni atención médica adecuada, viven los integrantes de las etnias qom, wichis, pilagá y nivaclé en la provincia de Formosa, norte de Argentina, donde son perseguidos y amenazados en forma sistemática por los "blancos", denuncian, ante su reclamo de devolución de tierras ancestrales.

"Queremos levantarnos, abrir nuestras bocas e insistir en que se cumplan nuestros derechos", dijo Valentín Suárez a ANSA, en una entrevista en la que describió la inseguridad que padecen las comunidades indígenas, en una de las cuales hasta se sospecha que les roban los bebés.

Suárez viajó a Buenos Aires en representación de "los hermanos" de seis pueblos mixtos agrupados en el Consejo de Comunidades Originarias de Formosa, integrado mayoritariamente por qoms. Son unas 5.000 personas.

Su presencia en la capital coincide con un campamento en el centro de la ciudad iniciado en diciembre por el representante de la comunidad qom La Primavera, Félix Díaz, tras la represión en una ruta contra su pueblo, la muerte de Roberto López y la quema de todas las casas indígenas el 23 de noviembre.

Valentín, que respalda la lucha del campamento, dice que la persecución y exclusión en Formosa no recae sólo en La Primavera, sino en el resto de las comunidades originarias.

"Las situaciones son muchas. Lo más preocupante es lo territorial. Diariamente las comunidades 503 y Santo Domingo sufren amenazas de desalojos", precisó, y denunció que tanto el Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA), conducido por un "blanco", como las autoridades provinciales, son cómplices y actores de estos atropellos.

De tradición cazadora-recolectora, a medida que estos pueblos son restringidos a tierras de menor extensión, interrumpidas por propiedades de "criollos", como llaman a la población blanca, no pueden sostener su modo de vida.

    No son agricultores, pescan, cazan, recolectan frutos. Y si esos frutos o animales están en propiedad privada, suelen ser agredidos. Esa es su realidad cotidiana.

    La comunidad 503, por ejemplo, no tiene título definitivo de tierras y su jefe, Carlos López, fue atacado el 24 de noviembre por entre 7 u 8 "criollos" que intentaron asesinarlo. Se hizo la denuncia policial, pero no hay causa iniciada en los tribunales.

    También en la semana de los hechos en La Primavera, el dirigente pilagá Mario López fue atropellado y abandonado en la ruta. Su cuerpo recién fue levantado tras el corte de ruta de las comunidades originarias. Lo mató un policía, del que se desconoce si fue separado del cargo, si está preso o si sigue en libertad, explicó el dirigente indígena.

    Hechos como estos se reiteran a diario, según Suárez, que relata uno tras otro estos episodios, con lujo de detalles, por horas.

    "A pesar de que existe la Constitución y la garantía de nuestros derechos, esto no se cumple. Seguimos teniendo desesperación de que nos devuelvan nuestras tierras", sostuvo.

    Los pocos beneficios obtenidos por estas comunidades son debido a sus luchas y Suárez afirmó que los programas nacionales no llegan a ellos.

    Si se trata de cajas de alimentos, la provincia, dice, se los guarda para las campañas políticas. Cuando llega ese momento, empieza la distribución y muchas veces esos artículos están vencidos.

    En términos de beneficios sociales, como pueden ser las becas o la Asignación Universal por Hijo -una medida del gobierno de Cristina Fernández, que mediante un subsidio por niño obliga a la escolarización y atención sanitaria-, el problema radica en que muchos de los indígenas carecen de documentos de identidad, al margen de los que fueron quemados en ataques a sus hogares.

    Y una madre que no tiene documentos no puede darle documentos a sus hijos. Esto impide la atención, muchas veces, en centros de salud, frecuentemente lejanos de sus comunidades.

    "Muchas mujeres paren solas, sin ayuda de nadie en sus casas. Y hay mujeres que mueren en los partos por falta de asistencia", advirtió a ANSA la antropóloga Florencia Tola, quien dijo que tampoco hay control de tuberculosis o chagas, dos enfermedades ampliamente extendidas.

    Tola relató cómo en algunas comunidades pueden verse caminando las vinchucas -insecto que causa el mal de chagas- por todos lados.

    Todos esos casos requieren de un agente sanitario, un originario enfermero que pueda recorrer las localidades de los indígenas, algo que pidieron en forma reiterada.

    Relataron que después de un año de trabajo gratuito a la espera de un nombramiento, el cargo no fue dado al enfermero originario que lo hacía, sino a una enfermera "blanca".

    Suárez opinó que el gobierno nacional no se involucra porque "le cree más a los informes del estado provincial. Pensamos y creemos que el estado nacional puede hacer el seguimiento de esto".