Cuarenta y siete imputados por crímenes de lesa humanidad ante juzgados federales de Bahía Blanca, beneficiado con excarcelaciones, deberán volver a prisión luego de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que podría abrir un tendencia en la materia.
La decisión fue tomada por los jueces federales bahienses Alcindo Alvarez Canale y Eduardo Tentoni, al aceptar un pedido del fiscal Abel Córdoba en base a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 30 de noviembre pasado, referido "parámetros de evaluación de riesgos procesales".
Entre los que deberán volver a prisión figuran el contralmirante
retirado Carlos Alberto César Busser, que comandó el desembarco naval en
la guerra de Malvinas y el vicealmirante Eduardo René Fracassi, que fue
jefe de la infantería de marina y secretario general naval en 1978.
Las
dos primeras revocaciones habían sido dispuestas en noviembre pasado
por la Cámara Federal bahiense, cuando dejó sin efecto la excarcelación
de José Granada y Carlos Taffarel, quienes habían estado prófugos y pese
a ello permencían en libertad.
La decisión comenzó a revertir
una tendencia masiva dentro del distrito judicial de Bahía Blanca, donde
el 90 por ciento de los imputados por crímenes de lesa humanidad
permanecían en libertad, contra el 57 por ciento de la media nacional.
El
pasado 30 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia en varios fallos
referido a la causa ESMA revocó varias excarcelaciones concedidas por la
Cámara Nacional de Casación Penal e hizo lugar a las pautas de
evaluación de riesgo procesal para imputados por delitos de lesa
humanidad que sostuvo el Procurador General de la Nación.
Se trata de los casos Vilardo, Diaz Bessone, Franco, Jabour, Machuca, Mendiaz, Kearney, Palet y Pérez.
En
su dictamen, el procurador adjunto González Warcalde aludía a la
existencia de "riesgos procesales" sobre la base de que las estructura
de poder que integraron los acusados mantienen hoy una "actividad
remanente que podría servir para eludir o obstaculiza la acción de la
justicia", mencionando expresamente la desaparición del testigo Julio
López y la sospechosa muerte del prefecto Febres.
En diciembre,
la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca a pedido de la Unidad
Fiscal de derechos humanos revocó la excarcelación de Osvaldo Floridia,
procesado por crímenes de lesa humanidad; en base a las pautas fijadas
por la Corte.
Un nuevo pedido de la fiscalía de fines de
diciembre desembocó en sendos fallos de los jueces federales Tentoni y
Alvarez Canale, del 6 y 7 de enero último, en los que hicieron lugar al
pedido y dispusieron la revocación de 47 excarcelaciones.
Una
nómina difundida por la Unidad Fiscal de Seguimiento de los Juicios por
Crímenes de Lesa Humanidad, dependiente de la Procuración General de la
Nación, indica que sólo en Bahía Blanca 23 ex miembros del ejercito y
otros 22 ex oficiales de la armada imputados por delitos de lesa
humanidad feuron excarcelados.
La excarcelaciones revocadas en
causa ejército corresponden a: Andrés Reynaldo Miraglia; Héctor Luis
Selaya; Ricardo Claudio Gandolfo; Jorge Enrique Mansuelo Swendsen;
Carlos Andrés Stricker; Felipe Ayala; Armando Barrera; Bernardo Artemio
Cabezón; Gabriel Cañicul; Andrés Desiderio Gonzalez; Arsenio Lavayen;
José María Martinez; Fernando Antonio Videla; Carlos Alberto Arroyo;
José Héctor Figaldo; Miguel Antonio Villegas; Juan Manuel Bayón; Osvaldo
Bernardino Páez; Hugo Jorge Delmé; Walter Bartolomé Tejada; Alejandro
Lawless; Osvaldo Laurella Crippa y Raúl Oscar Otero.
Las
excarcelaciones revocadas en Armada corresponden a: Guillermo Félix
Botto; Carlos Alberto César Büsser; Tomás Hermógenes Carrizo; Oscar
Alfredo Castro; Carlos Ovidio Cornelli; Enrique De León; Víctor Oscar
Fogelman; Eduardo René Fracassi; Eduardo Morris Girling; Hugo Andrés
José Mac Gaul; Leandro Marcelo Maloberti; Angel Lionel Martín; Francisco
Manuel Martínez Loydi; Domingo Ramón Negrete; Edmundo Oscar Núñez;
Guillermo Martín Obiglio; Carlos Alberto Padula; Hernán Lorenzo Payba;
Gerardo Alberto Pazos; Luis Alberto Pons, y Jose Luis Ripa.
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