Familiares de 30 de los 81 detenidos fallecidos en un incendio en la cárcel de San Miguel, la madrugada del pasado 8 de diciembre, presentaron ayer una querella contra quienes resulten responsables de la tragedia.
El abogado querellante, Winston Montes, afirmó que la querella fue presentada por el delito de homicidio y va dirigida, principalmente, al alto mando de Gendarmería (Guardiacárceles).
"Estimamos que lo que ha ocurrido depende de los niveles
superiores de decisiones. Por eso estamos apuntando la querella
en contra de quienes resulten responsables, pero
fundamentalmente a estamentos superiores", afirmó.
El senador del Movimiento Amplio Social, Alejandro Navarro,
quien ingresó a la cárcel de San Miguel pocas horas después de
la tragedia y se percató de la magnitud de esta, emplazó al
gobierno a asumir su responsabilidad en la muerte de las 81
personas.
Añadió que es necesaria una reforma al sistema carcelario.
"Hacemos la demanda para que el Estado sea capaz de responder
a lo que la Constitución le manda. El reglamento de Gendarmería
demanda rehabilitación, políticas de reintegración y ello no se
cumple", precisó.
"Peor aún -añadió-, estas cárceles son una verdadera trampa mortal y, lo más lamentable, es que esto podría volver a ocurrir en cualquier minuto en muchas de las cárceles chilenas".
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