El gobierno de Barack Obama llamó a los carteles mexicanos de la droga "la única gran amenaza del crimen organizado a Estados Unidos". Pero ¿por qué los carteles luchan entre ellos con armas de fuego estadounidenses?
Jim Pruett todavía tiene la piedra con la que los presuntos traficantes de armas le rompieron la vidriera de su tienda de armas en Houston el mes pasado.
En el robo nocturno, que fue realizado en cuestión de minutos,
se llevaron doce pistolas Glock y seis fusiles de asalto AR-15 de tipo
militar.
Con un valor total de venta de US$12.540, estas armas
son muy apreciadas por los carteles de la droga en México, donde la
venta legal de armas están muy controlada y centralizada.
"Sabían exactamente lo que estaban buscando", dice Pruett.
"Probablemente fue un robo por encargo, no necesariamente por encargo
de los capos del cartel, sino por personas que están un escalón más
abajo", añade.
Pruett, veterano de la guerra de Vietnam de 66
años de edad, explica que desde entonces ha puesto rejas de acero
frente a su tienda, además del vidrio de alta tecnología que puede
resistir el impacto de un coche bomba.
"Pero la solución final sería quedarme aquí a la noche con uno de nuestros AR-15," dice.
"La próxima vez que pasen esta puerta, estaremos listos".
No
es probable que eso suceda, por una muy buena razón: los carteles de
narcotráfico mexicanos por lo general no tienen necesidad de robar
armas de fuego. Es mucho más fácil adquirirlas legalmente.
Lo hacen mediante el uso de los llamados straw buyers
(compradores ficticios o testaferros). Se trata de aquellas personas
sin antecedentes penales que pasan fácilmente los estrictos controles
que el FBI les exige a los distribuidores de armas de fuego con
licencia.
Normalmente, los compradores ficticios son ciudadanos
estadounidenses y titulares de la tarjeta verde que necesitan un poco
de dinero extra.
"Lo que yo buscaría son mujeres jóvenes que
compren rifles de alto poder", explica un agente especial de la Oficina
de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF por sus siglas en inglés), con
sede en Houston.
Por razones operativas, la ATF le pidió a la BBC que no divulgue el nombre del agente, cuya tarea es detectar las compras ficticios en las más de 300 armerías de la ciudad.
"Tuvimos el caso de una madre soltera con dos hijos", dice.
"Estaba atrasada con su renta y un hombre le ofreció US$100 por cada
arma. Así que fue, compró tres armas de fuego y ganó US$300 en quince
minutos".
La mujer después decidió colaborar con los agentes que investigaban una red de narcotráfico más grande.
Según el gobierno mexicano desde que el presidente Felipe Calderón
asumió la presidencia en 2006, más de 30.000 personas han muerto en
hechos de violencia relacionada con las drogas en México.
Al mismo tiempo, la policía de México y el Ejército han incautado 93.000 armas de fuego de presuntos narcotraficantes.
En colaboración con las autoridades mexicanas, el personal de la ATF
intenta rastrear estas armas y relacionar las armas recuperadas con su
punto inicial de venta.
Lo que sea que el ejército mexicano esté utilizando, los carteles lo quieren
Agente especial de EE.UU.
Un
informe al Congreso de 2009 de la Oficina de Contabilidad del Gobierno
estadounidense informa que más del 90% de las "armas de fuego
incautadas en México y rastreadas en los últimos tres años provenían de
Estados Unidos".
De éstas, aproximadamente el 40% venía en Texas.
Los grupos de presión a favor de las armas en EE.UU. dicen que las autoridades mexicanas sólo le permiten rastrear a la ATF una cuarta parte de las armas incautadas.
Así
que no hay forma de saber con precisión qué proporción de las armas de
los carteles son estadounidenses, así como no hay ninguna pista sobre
el número total de armas de EE.UU. que todavía están usando los
carteles.
Lo cierto es que las armas que se trafican son cada
vez más grandes y más potentes, así como los carteles buscan igualar a
los militares mexicanos en su poder armamentístico.
"En la década de 1990, todavía veíamos pistolas de pequeño calibre y escopetas de un solo cañón", dice el agente especial.
"Pero desde alrededor de 2004 vimos un alza en armas de tipo militar,
como los clones de las AK-47 y AR-15 de alta capacidad, y pistolas de 9
milímetros”.
"Lo que sea que el ejército mexicano esté utilizando, los carteles lo quieren", dice.
En privado, los investigadores reconocen los límites de las actuales leyes estadounidenses.
Actualmente no existe ninguna ley federal dedicada al tráfico de armas,
mientras que la mayoría de los procesamientos terminan en una multa o
una modesta pena de prisión para los compradores ficticios individuales.
El Departamento de Justicia ha pedido un enfoque más ambicioso, que apunte más arriba en la línea de mando de los carteles.
Sin embargo, conscientes del poderoso lobby de las armas en Estados Unidos, los políticos han demostrado poco interés en cambiar la ley.
Otro tema es el dinero. Para 2010, la ATF se le asignaron US$55,4 millones para el Proyecto Gunrunner (traficante de armas), una operación en curso dirigida a los contrabandistas de armas a través de la frontera.
Pero esa cantidad es insignificante en comparación con el valor de
miles de millones de dólares que produce el narcotráfico entre Estados
Unidos y México.
Los medios de comunicación mexicanos han
estimado que el volumen de negocios anual de los carteles es de hasta
US$40.000 millones.
"Siempre podemos usar más recursos", admite Dewey Webb, agente especial de la iniciativa de la división de la ATF en Houston.
Pero añade: "Hemos generado una merma importante en las actividades de
los carteles, hasta el punto en que ahora tienen que viajar más lejos
dentro de Estados Unidos para comprar sus armas de fuego.
"Eso les cuesta más dinero y hay una mayor probabilidad de detección."
Pero para los barones mexicanos de la droga, cuyo conocimiento del
negocio ha sido comparado con el de los ejecutivos de la lista Fortune
500, el contrabando de armas es una economía de escala fácil.
En el tráfico de drogas hacia el norte rumbo a EE.UU. los carteles ya tienen rutas, recursos y mano de obra en el lugar.
Y usar la misma infraestructura para el tráfico de armas hacia el sur es una variante lógica del modelo de negocio.
En el puente que marca la frontera entre El Paso, en Texas, y Ciudad Juárez, en México, los conductores en el lado mexicano a veces esperan durante horas para que las autoridades estadounidenses revisen su vehículos en busca de drogas.
Pero el viaje inverso es muy sencillo.
La mayoría de los conductores pasan sin problemas, sólo a veces las
autoridades hacen detener a algún vehículo que va hacia el sur.
Uno sólo puede adivinar cuántas armas de EE.UU. están cruzando la frontera sin ser detectadas.
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