El gobierno de Ecuador declaró hoy "estado de excepción" por 60 días en las instalaciones de la Asamblea Nacional en Quito, debido a la rebelión policial y militar del 30 de septiembre, que lo puso en jaque y cuyas repercusiones y riesgos continúan.
Según el decreto, las secuelas de aquellos actos "no se han podido superar" a pesar del "proceso intensivo de recomposición institucional" del sistema de seguridad del legislativo. Esto "podría generar gran conmoción interna si es que la Asamblea Nacional no pudiese ejercer a plenitud las atribuciones y facultades que les confiere la Constitución y la ley", argumenta el decreto 571 firmado por el presidente, Rafael Correa.
El texto encarga a las Fuerzas Armadas la seguridad del
recinto legislativo, ubicado en el centro norte de Quito, las
que deberán elaborar un "plan de contingencia" para proteger las
instalaciones junto con el Ministerio de Defensa.
El decreto respondió a un pedido del presidente del
legislativo, el oficialista Fernando Cordero, quien considera
que existen peligros latentes para ese poder del estado.
El 30 de septiembre, la escolta legislativa se unió a las
protestas policiales que comenzaron en el regimiento Quito 1 e
impidió el ingreso a los legisladores. Días más tarde la sede
fue militarizada.
El estado de excepción continuaba desde el 9 de octubre solo en la capital, escenario de los principales disturbios que casi terminan con la vida de Correa, pero la medida venció anoche.
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