29/11/2010 - VIH-SIDA

Procuran acceso a salud y empleo quienes viven con el virus

Argentina tiene acceso universal al tratamiento para el VIH-SIDA pero debe trabajar en políticas de acceso a salud y empleo de la gente transgénero, y superar la discriminación que un “sistema laboral discapacitado” hace padecer a quienes viven con la enfermedad, afirmó Alex Freyre en vísperas del Día Internacional de lucha contra el SIDA.

Freyre preside la Fundación Buenos Aires SIDA, creada hace más de una década, y formó en Argentina con su marido José María Di Bello el primer matrimonio legal de América Latina entre personas del mismo sexo.

Si bien a nivel mundial el llamado en este nuevo aniversario "es hacia el acceso universal a remedios, en Argentina estamos bastante bien en ese aspecto porque el Estado garantiza por ley la medicación de manera gratuita, a través del sistema social y de prepagas”, consideró Freyre.

Sin embargo, “el tema son las brechas que persisten y sobre las que estamos trabajando, ya que entre las personas transgénero está concentrado un 34% de la población que vive con VIH-SIDA, lo cual habla de una ausencia de políticas y programas que permitan el acceso a la salud y el empleo” a ese sector de la población, planteó Freyre en diálogo con Télam.

“Hoy el mercado laboral discrimina incluyendo el testeo de VIH en los estudios preocupacionales, hecho con consentimiento del individuo o de manera encubierta, porque el sistema laboral está discapacitado y no puede superar esa discriminación”, criticó Freyre.

La Fundación Buenos Aires SIDA brinda talleres en empresas y estableció un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para tramitar pensiones no contributivas para personas viviendo con VIH-SIDA que no consiguen trabajo.

“Hemos cambiado la mirada para la interpretación de la ley, de modo que las personas con VIH-SIDA puedan obtener pensiones no contributivas, y no porque nosotros creamos que alguien que vive con VIH sea un discapacitado, sino porque el discapacitado es el mercado laboral”, razonó. 

Así es que mañana habrá un nuevo operativo de presentación de solicitudes de 80 personas, a quienes recibirá el Ministerio para dar forma a un trámite no burocratizado.

Las pensiones son vitalicias y ajustadas a la movilidad salarial, representan el 70% del sueldo mínimo y tienen cobertura médica administrada por el Programa Federal de Salud (PROFE), dependiente del ministerio de Salud.

Asimismo, la Fundación planteó que “la mejor forma de resguardar los derechos de las personas que buscan empleo es hacer el preocupacional en hospitales públicos”.

También advirtió que se debe eliminar la restricción de donar sangre que rige para las personas homosexuales, disposición que remite a la etapa en que la enfermedad era considerada una “peste rosa” que afectaba a un “grupo de riesgo”, en vez de que dependía de “conductas” riesgosas.

La Fundación encaró la organización de talleres con médicos, enfermeros y personal de limpieza de los hospitales, uno de los cuales se hará mañana en el Hospital Muñiz, en procura de que el ámbito sanitario “pueda ser más respetuoso de la identidad de las personas `trans`”.

“Hay una resolución de la cartera sanitaria de la Ciudad que obliga a respetar la identidad de género auto percibida, no obstante, muchas veces el personal sanitario se burla, o les llama con el nombre que figura en el documento de identidad y no con el que ellas han construido”, advirtió.

“Desde la Fundación hemos hecho un trabajo muy bueno con el Hospital Ramos Mejía, que hace una acción notable en un servicio de inmunocomprometidos en el que varias chicas travestis son voluntarias, revisando qué barreras todavía hay que remover”, contó. 

“Tenemos un enfoque de segmentación de los sectores poblacionales para trabajar desde sus lenguajes, y logramos un diagnóstico muy cercano que nos permite desarrollar dispositivos eficaces“, contó Alex.