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Presentaron una investigación sobre discriminación hacia las mujeres

Las juezas de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay, y la defensora oficial Stella Maris Martínez, presentaron hoy la investigación "Discriminación de Género en las decisiones judiciales", un trabajo que exhibe que "la justicia penal otorga a las mujeres víctimas de violencia de género un tratamiento distinto del que brinda a otras víctimas".

El informe cuestionó la "ausencia de toda investigación e investigaciones aparentes" ante las denuncias de violencia de género.

Las juezas de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay, y la defensora oficial Stella Maris Martínez, presentaron hoy la investigación "Discriminación de Género en las decisiones judiciales", un trabajo que exhibe que "la justicia penal otorga a las mujeres víctimas de violencia de género un tratamiento distinto del que brinda a otras víctimas".

Highton de Nolasco trazó un panorama "optimista" sobre la evolución de las causas en la Justicia, y reconoció que los jueces y fiscales penales están observando "una transformación" en la concepción con que llevan adelante sus tareas.

En ese contexto, relató que la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que depende de la Corte, suma ya 9.000 denuncias, aunque de ellas menos de diez tienen ya condena firme, más de 2.000 fueron desestimadas o sobreseídas y faltan datos sobre el 65 por ciento de los expedientes.Por su parte, Argibay se quejó porque los magistrados se topan a menudo con un obstáculo insalvable en la investigación de las causas: "siempre se hizo así".

"Cuando nos dicen que 'siempre se hizo así', eso significa que no hay argumentos para explicar por qué se hacen mal las cosas. Contra eso estamos luchando, porque todos estamos jugando el mismo partido, el de la República Argentina", resumió.

La investigación, que contó con la colaboración económica del Programa de Cooperación "Apoyo a Diálogos sobre políticas entre la Unión Europea y Argentina", realizó "un análisis cualitativo de resoluciones judiciales adoptadas en casos de violencia contra mujeres en el ámbito de sus relaciones personales y de abusos sexuales, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos".

La defensora oficial Martínez resumió las principales "deficiencias" que detectó el trabajo, entre ellas "la falta de seriedad con que los operadores de la justicia penal emprenden las investigaciones sobre hechos de violencia de género, los prejuicios y estereotipos a la luz de los cuales valoran las pruebas recolectadas, en particular los testimonios de mujeres que denuncian la violencia".

Además, subrayó "la frecuente vulneración de los derechos de las víctimas durante la tramitación del proceso".

El informe cuestionó la "ausencia de toda investigación e investigaciones aparentes" ante las denuncias de violencia de género, la "falta de exhaustividad en la valoración de la prueba", los "prejuicios y estereotipos de género, la revictimización" y la errónea utilización de la "figura del avenimiento", al que definió como "un mecanismo discriminatorio que reaviva la vieja dicotomía entre lo público y lo privado".

Sobre ello hizo hincapié la legisladora porteña Diana Maffia, quien reclamó que el derecho penal avance también sobre lo que ocurre en la intimidad del hogar.

"A nadie se le ocurriría dejar impune una agresión con lesiones o una violación en la calle. Pero ello ocurre con frecuencia cuando los mismos hechos se producen puertas adentro del hogar", explicó.

Durante la presentación, que tuvo lugar en el Auditorio Díaz Lestrem, de la Defensoría Oficial, también explicaron detalles del trabajo la directora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSEGNAR), Susana Chiarotti, y la directora de Cooperación Internacional del la Cancillería, embajadora Julia Levi.