Enviar Nota | Imprimir

AMPLIARAlfredo Stroessner saluda a su par Roberto Viola en los años del Plan Cóndor. Atrás, Jorge Videla.

Juicio a 149 represores por delitos de lesa humanidad contra ciudadanos italianos

La Fiscalía de Roma cerró su investigación sobre dictadores, miembros de las juntas militares y de los servicios de seguridad de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay que detentaron el poder en las décadas del 70 y 80 del siglo pasado, acusados de la muerte de 25 italianos en el marco del llamado "Plan Cóndor".

El cierre de la investigación, que duró más de diez años y unificó finalmente dos causas, precede al pedido de envío a juicio oral y público de los indagados, alrededor de 140, con diferentes cargos.

Uno de los casos de "desaparecidos" de este procedimiento es algo anómalo con respecto al resto, pues corresponde a un período anterior al golpe de Estado argentino del 24 de marzo de 1976.

Se trata de hechos vinculados a la muerte del uruguayo Alvaro Daniel Banfi, secuestrado en Argentina el 12 de setiembre de 1974 y muerto un mes y medio después, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón (Isabelita).

Banfi, según la investigación, fue muerto con "uso de ametralladoras" en la noche del 29 al 30 de octubre de 1974, siguiendo la línea de las autoridades uruguayas que perseguían a opositores que habían buscado refugio en Argentina.

El "Plan Cóndor" era un sistema de coordinación represiva ilegal entre las dictaduras militares suramericanas. Sólo en Argentina, país con decenas de miles de ciudadanos italianos o descendientes de italianos, los organismos de derechos humanos denuncian desde hace décadas la desaparición de 30.000 personas entre 1976 y 1983. En cuanto a Uruguay, una treintena de represores, entre civiles y militares, están involucrados en la muerte o desaparición de 13 ciudadanos ítalo-uruguayos.

Este "acuerdo criminal" entre los regímenes dictatoriales "tuvo como impulsor a Augusto Pinochet, que detentó el poder en Chile desde el 11 de setiembre de 1973 hasta 1990", recordó ayer en diálogo telefónico con ANSA el abogado italiano Giancarlo Maniga, defensor de la mayoría de las familias de las víctimas.

Maniga también aclaró que en el largo procedimiento contra "los represores del Cóndor, las familias de las víctimas uruguayas están representadas por el abogado Paolo Sodani, de Roma". "Hace unos meses el fiscal Giancarlo Capaldo envió oficialmente a todos los indagados el aviso formal de ley sobre el fin de las investigaciones, lo cual les permite pedir que las mismas se profundicen", explicó.