Enviar Nota | Imprimir

El trabajo no registrado cayó del 49,7 al 36,5 por ciento entre 2003 y 2010

El porcentaje de trabajo no registrado o `trabajo en negro` se redujo de 49,7 a 36,5 puntos, entre 2003 y 2010, lo que constituye el descenso más significativo en los últimos 25 años, a partir de políticas de recuperación del Estado promovidas por el entonces gobierno de Néstor Kirchner y continuadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

De acuerdo a un relevamiento del Ministerio de Trabajo -al cual tuvo acceso Télam- "hacia 2003 el 50 por ciento de los trabajadores en la Argentina estaban en negro; sin acceso a su jubilación, sin posibilidad de tener una obra social y miles de personas perdían la protección garantizada por los derechos laborales".

"Es en ese momento que el entonces presidente Néstor Kirchner lanza el Plan Nacional de Regulación del Trabajo, que a siete años de su implementación logró reducir el trabajo no registrado llevándolo a 36,5 por ciento, el descenso más significativo de los últimos 25 años", resaltó un informe de la cartera laboral.

El informe detalla que "la curva de crecimiento del trabajo en negro ascendió durante la década del `90" y menciona que "el nivel de evasión en el campo laboral marcaba un alto costo social".

"Cuando un empleador no registra a un trabajador -explica-, éste queda automáticamente excluido del sistema de seguridad social; de esa manera pierde beneficios previsionales, cobertura de riesgos del trabajo, asignaciones familiares, obra social y prestaciones por desempleo".

"Esta era la precaria situación que vivía uno de cada dos trabajadores hacia 2003", advierte el informe del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Frente a esa situación, al inicio de su mandato, Kirchner y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, presentaron el Plan Nacional de Regulación del Trabajo cuyas líneas de acción "se orientaron a regularizar a los trabajadores no registrados, erradicar la evasión de aportes y contribuciones, sostener el sistema de seguridad social, concientizar sobre la problemática del trabajo no registrado e incluir a los trabajadores en normas laborales y de la seguridad social".

Al mismo tiempo, mientras se aguardaba la sanción de la ley 25.877 -que ponía en marcha el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT)- las inspecciones se pusieron en marcha bajo acuerdos con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Los operativos de inspección también se articularon con el Consejo Federal del Trabajo y así "comenzaban a retomarse competencias federales en áreas como ríos, puertos, aeropuertos, etcétera", sostiene el informe.

Asimismo, por medio de la ley 25.877, en abril de 2004 el Ministerio de Trabajo recuperó el carácter de autoridad central de la inspección y también "se establecieron facultades concurrentes con la AFIP en materia de fiscalización de seguridad social".

"Sólo en el lapso 2003-2004 se controlaron 89 mil establecimientos y más de 295 mil trabajadores fueron fiscalizados", señala el estudio de la cartera laboral.

El informe indica que "a la fecha se efectuaron 830.000 inspecciones y se relevó un total de 2.630.000 trabajadores".

"El 40 por ciento de ellos -precisa- se blanqueó a partir de la visita de la inspección, ya que se ha simplificado la registración; de esta manera se combate el paradigma que planteaba un trabajo sin regulaciones, sin indemnizaciones por despido, sin vacaciones, sin sindicatos".

El compromiso del Programa Nacional de Regularización del Trabajo "fue en primer lugar transformar en trabajo digno aquel que no lo era, y en esa línea se propuso recuperar presencia en todo el territorio nacional", pondera el trabajo ministerial.

El informe indica también que "del número inicial de 40 inspectores hoy se cuentan más de 500, sumando agentes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)".

"El principal logro -concluye- fue el descenso del índice de trabajadores no registrados: de ese 49,9 por ciento de 2003, en la actualidad bajó a un 36,5; esta reducción implicó una transferencia de desocupados al trabajo registrado, proceso que resulta clave para la inclusión social.