El secretario de la Presidencia de Uruguay, Alberto Breccia, se manifestó a favor de mantener la Ley de Caducidad, que en 1986 dio impunidad a militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).
"Entendemos que el objetivo de eliminar la Ley de Caducidad es muy importante, pero no tan importante como para que nosotros mismos estuviéramos infringiendo nuestro ordenamiento constitucional para eliminarla, ni tampoco, quizás, tan importante como para que estuviéramos pasando por sobre dos consultas populares", afirmó Breccia en declaraciones radiales.
El funcionario dijo que el gobierno uruguayo "explicó a la
Corte Interamericana que estamos dispuestos a enfrentar las
indemnizaciones reclamadas desde el punto de vista económico"
por la familia de María Claudia García, nuera del poeta
argentino Juan Gelman, asesinada en 1977 en Montevideo, tras dar
a luz a una niña, Macarena.
Macarena presentó el caso ante la Corte por entender que la
Ley de Caducidad impide investigar y juzgar el asesinato de su
madre y esta semana comenzaron las audiencias en Quito, Ecuador.
El Frente Amplio, coalición de izquierdas en el gobierno, busca aprobar en el Senado un proyecto interpretativo que deja sin efecto la Ley de Caducidad, iniciativa que cuenta con sanción en la Cámara de Diputados pero no reúne hasta hoy los votos en la cámara alta. La Ley de Caducidad fue promulgada en 1986 durante el primer gobierno democrático de Julio María Sanguinetti, tras el fin de la dictadura en 1985.
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