Tras la reunión de la comisión de presupuesto y hacienda, la Cámara de Diputados se encuentra en condiciones de discutir la Ley de Presupuesto para el año 2011. Para hacerlo, el oficialismo deberá asegurarse el quorum de caras a la sesión del miércoles.
Esta vez en dictamen en minoría, la oposición propone modificaciones al proyecto oficial en base a tres ejes; pautas macroeconómicas, gastos prioritarios y aspectos institucionales.
Según la Diputad Norah Castaldo, durante los últimos cinco años se habrían aprobado modificaciones al presupuesto por fuera del Congreso por un monto total de 142.943 millones de pesos. Ese monto actualizado arroja una suma de 230.000 millones de pesos, casi equivalente al presupuesto anual de la administración pública nacional.
De aprobarse, estos 35.000 millones de pesos serán invertidos casi en su totalidad a la recomposición de haberes jubilatorios. Esta medida tiene como finalidad mantener en la proporcionalidad que corresponde la relación entre el haber de pasividad y el salario mínimo vital y móvil en vigencia; como así también el complemento de las actualizaciones previsionales previstas en los diferentes fallos judiciales. “Esta cifra equivale al superávit proyectado para el ANSES por el ejecutivo, más la subestimación de los recursos del organismo, según los cálculos realizados en nuestro proyecto”, aseveró Castaldo. “Esto ratifica nuestro compromiso sincero con la clase pasiva. En el debate por el 82% móvil advertimos que el dinero de la ANSES debía invertirse en los jubilados. Ahora vamos a dar batalla para que esto se materialice en la aprobación del presupuesto nacional”, agregó.
Además de la obligación de todo funcionario u organismo público de actuar dentro del marco legal, razones de calidad institucional, respeto por los valores democráticos y el sistema republicano, nos impiden pasar este asunto por alto. El presupuesto nacional debe plasmar un plan de gobierno. Lo contrario a la planificación es la improvisación y ningún gobierno puede permitirse el desparpajo de improvisar con el dinero de los ciudadanos. De la misma manera se debe transparentar el plan de inversiones públicas, evitando cualquier tipo de favoritismos y oportunismo político”, concluyó.
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