AMPLIARLa Patria Financiera se opone

05/11/2010 - Escribe Maximiliano Burckwardt

Lobby empresarial contra la regulación de la actividad bancaria

A comienzos de esta semana, mientras el país lloraba la muerte de Néstor Kirchner y la atención de los medios estaba centrada en la conmoción que produjo su desaparición física, los representantes de los bancos presionaban a los diputados de la oposición para que frenen un proyecto de ley de Carlos Heller.

El proyecto, que declara a la actividad bancaria un “servicio público”, permitirá su regulación.

El martes pasado, representantes de la cámara que agrupa a los bancos extranjeros (ABA), a los bancos privados de capital nacional (Adeba) y a las entidades que otorgan créditos al consumo (ABE), visitaron la Cámara de Diputados para expresar a los legisladores de la oposición su malestar con los cambios que impulsa el legislador de Nuevo Encuentro y presidente del Banco Credicoop, Carlos Heller.

La principal objeción  se refiere a denominación de la actividad como un servicio público, carácter que posibilita la regulación de la misma por parte del Estado nacional y marcados límites a los abusos en materia de tasa de intereses, orientación del crédito y concentración monopólica del mercado.

De aprobarse el proyecto de Heller, las entidades bancarias no podrán cobrar tasas de intereses que superen el 20 % anual. Según el presidente de ABA y ex viceministro de Economía de Machinea, Mario Vincens, y el representante de Adeba y director de Banco Galicia, Antonio Garces, los créditos que ofrecen los bancos tienen un costo financiero total del 126,7%, por lo que, según ellos, con esas tasas no podrán operar.

Carlos Heller, presente en la reunión, desafío a cualquiera a que me demuestre que con esta regulación no puede funcionar o el negocio deja de ser rentable, hay que ver a qué aspiran como rentabilidad”, advirtió con ironía.

En relación a la orientación de los créditos, hoy volcados  casi en su totalidad al consumo, con plazos cortos y tasas elevadas,  El proyecto establece que importantes porcentajes deben ser destinados a la actividad productiva, las PYMES y los créditos hipotecarios familiares.

Otra de las objeciones de los banqueros apunta a los límites de depósitos que establece el proyecto que no permite concentrar más del 10 % de la totalidad de los mismos en una misma entidad bancaria. No obstante ser los bancos Santander Río y  Francés los dos únicos que superan la limitación, Vicens consideró “totalmente inconveniente e innecesario” la existencia de esos límites.

El diputado de la Coalición Cívica, Alfonso Prat Gay, titular de la Comisión de Finanzas, aunque no comparte el mecanismo propuesto en el proyecto, enfatizó “la necesidad de controlar el tamaño de las entidades para evitar que un banco imprudente termine forzando al Estado a rescatarlo, como sucedió en Estados Unidos”.

En tanto, Heller reiteró que “hace falta que la regulación incluya especificaciones sobre el direccionamiento del crédito. El sistema voluntariamente no lo hizo ni lo va a hacer. “Tuvieron tiempo más que suficiente en estos 33 años de vigencia de la ley actual. No se puede negar la necesidad y conveniencia de una regulación que fuerce la orientación del crédito en un sentido que hace al interés del país”.

Maximiliano Burckwardt