La victoria del izquierdista Gregorio Santos en las elecciones para renovar el gobierno de Cajamarca, una de las regiones mineras más ricas de Perú, puso en guardia a las empresas que operan en la zona y que mantienen una relación tensa y conflictiva con los lugareños.
Por Ángel Páez, para IPS
"Es una de las peores noticias. Santos es un reconocido antiminero",
dijo a IPS Hans Flury, presidente de la Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía, el poderoso e influyente gremio empresarial
privado.
Flury cree que la llegada de Santos al gobierno, uno de los líderes
populares que organizó movimientos de rechazo a proyectos mineros que
no contaban con la aprobación de las comunidades locales, puede
paralizar la inversión en la norteña región de Cajamarca.
La normatividad obliga a las empresas a acordar con las
comunidades de la zona para poder operar en minería, pero la falta de
una fiscalización eficiente de parte del gobierno nacional, que teme
espantar las inversiones, hace que muchas veces esa instancia no se
cumpla y estallen así los conflictos.
"Si cumplen las leyes, no tienen por qué tener miedo", dijo
Santos a IPS en respuesta a Flury. "El pueblo nos ha dado su voto
porque confía en que nosotros haremos respetar sus intereses. De lo
contrario, habría votado por otros candidatos que apoyan a las empresas
mineras", añadió.
Santos, del Movimiento de Afirmación Social (MAS), es el claro
ganador de la primera vuelta electoral del 3 de octubre, con casi 31
por ciento de los votos cuando falta contar apenas tres por ciento de
las actas, seguido de Beltina González, de Fuerza Social Cajamarca, con
12,8 por ciento. Sólo se convoca a una segunda ronda si el ganador no
supera el 30 por ciento de los sufragios.
Las corporaciones mineras estimaban, y así lo expresaron, que
triunfaría con holgura Absalón Vásquez, quien fue ministro de
Agricultura del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). Pero las
autoridades lo inhabilitaron cuatro semanas antes de los comicios tras
confirmar que aún no había cumplido con la sentencia de cuatro años que
un tribunal le impuso en 2007 por el delito de corrupción, que la
cumple en prisión domiciliaria.
En Cajamarca está ubicada Yanacocha, el mayor yacimiento de
oro de América del Sur, operado principalmente por la firma
estadounidense Newmont Mining Corporation, que ha sostenido numerosos
conflictos con las poblaciones de las áreas donde desarrolla sus
actividades.
Al anunciar en 2004 la explotación del cerro Quilish, donde se calcula
la existencia de 3,7 millones de onzas de oro, estalló un fuerte
enfrentamiento entre esa empresa y los pobladores, porque estos últimos
consideran que la actividad minera contaminaría el agua del área.
Santos fue uno de los notorios dirigentes contra el proyecto que
finalmente quedó paralizado.
Santos, de una comunidad campesina de la provincia de San
Ignacio y maestro de escuela, se inició como dirigente de las rondas
campesinas, oponiéndose a la explotación de los recursos naturales sin
la consulta previa de las comunidades.
Cajamarca es una de las 25 regiones del país que más fondos
recibe por concepto de canon minero. En 2006 ocupó el primer lugar con
98,7 millones de dólares y entre 2008 y 2009 obtuvo en total 116
millones. Sin embargo, en el mismo periodo la pobreza creció en la
región de 53,4 a 56 por ciento, según reporte del Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI).
Este año esta región andina, donde desarrollan actividades alrededor de 33 compañías mineras, percibió 115 millones de dólares.
"Pero el problema no es solo el dinero", afirmó Santos. "La
distribución es muy mala y no beneficia a la población, además no hay
capacidad de ejecución. Lo que pasa es que en Cajamarca todo gira
alrededor de lo que hacen o no hacen las mineras. Pero eso acabará muy
pronto", auguró.
Para Flury, en cambio, "el problema de la elección de Santos es su ideología". "Él es un comunista convencido", afirmó.
El MAS que postuló a Santos es una agrupación que aglutina a
organizaciones populares, campesinas y de ronderos que participaron en
las movilizaciones masivas contra empresas mineras a las que atribuía
cometer abusos o envenenar el medio ambiente.
Entre sus integrantes se encuentra el Movimiento Nacional de
Izquierda (MNI), que tiene como columna vertebral al Partido Comunista
del Perú-Patria Roja, de tendencia maoísta, constituido en 1969.
"Patria Roja tiene una oposición feroz en contra de la minería y esta
actitud perjudica principalmente a la población que representa", apuntó
Flury.
"Si se oponen a la minería lo que van a lograr es que definitivamente
las mineras que trabajan en la zona tengan un enfrentamiento político
con el gobierno regional, mientras que las mineras que proyectaban
ingresar finalmente se irán a otro lugar. Con ese panorama la población
va a sufrir porque no se van a generar ganancias para el desarrollo de
la zona".
Además de Newmont, en Cajamarca operan, entre otras compañías
mineras de dimensión global, la sudafricana Gold Fields y la británica
Anglo American Michiquillay.
"La historia de la industria minera en Cajamarca es conocida:
violaciones de los derechos humanos y medioambientales de la población,
pobreza extrema de las comunidades campesinas, uso del Estado como
gendarme represor, en fin, las empresas tienen una larga tradición de
imponerse a la mala", acusó Santos.
Entre los hechos a lo que hace referencia Santos está la
aprobación en 2004 por el gobierno de la evaluación ambiental para
explotar el cerro Quilish como parte de un proyecto aurífero, sin que
la población fuera consultada. También la utilización de delincuentes
comunes por una firma brasileña como fuerza de choque contra los
campesinos.
"Por supuesto que estamos a favor de la inversión minera, pero
sin pisotear a la población, sin ensuciar el ambiente, respetando a los
campesinos. Si respetan la ley, las mineras no deben sentir miedo",
apuntó el virtual presidente regional.
Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, la región
Cajamarca es la que más conflictos socioambientales registró en Perú
hasta septiembre.
El especialista José de Echave, director ejecutivo de la no
gubernamental Acción Solidaria para el Desarrollo (CooperAcción),
indicó que la elección de Santos es la expresión de una población que
ha elegido a alguien que le ofrece seguridad como interlocutor válido
ante las empresas mineras.
"He escuchado quejarse a voceros de los gremios empresariales
mineros por la elección de Santos. Por el contrario, yo creo que
facilitará el diálogo entre las comunidades que él representante y las
compañías mineras que operan en Cajamarca", sostuvo.
Santos no va a empeorar la situación, más bien puede actuar como
garantía de los acuerdos que existen entre los pobladores y las
empresas", dijo a IPS.
"Además, las elecciones en Cajamarca no fueron ideológicas,
como creen algunos empresarios. Cualquiera haya sido el ganador, los
conflictos ambientales subsistirán. Que no haya ganado el candidato de
la preferencia del gremio empresarial minero no implicaba el término de
los desencuentros entre las comunidades y las mineras", precisó.
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