La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) presentó 141 nuevas querellas por homicidio calificado en contra de quienes resulten responsables de la muerte de 157 personas detenidas y ejecutadas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), entre ellas 10 niños.
Con las nuevas querellas el organismo de Derechos Humanos suma más de 350 acciones legales presentadas en las últimas semanas, orientadas a saber qué pasó con centenares de ejecutados cuyos casos nunca fueron indagados.
Alicia Lira, presidenta de la AFEP, acusó al Programa de
Derechos Humanos del Ministerio del Interior de no concurrir
como parte querellante en estas causas, pese a estar facultado
por ley para hacerlo.
"Reiteramos y denunciamos esta actitud del gobierno de no
presentar las querellas que están mandatados por ley", dijo.
La Corte Suprema designó hace dos meses al juez Mario
Carroza, que indaga otros casos de violaciones a los derechos
humanos, para recibir este tipo de acciones legales.
Carroza deberá evaluar su admisibilidad, para luego empezar el curso de las investigaciones junto al equipo de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones.
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