A los rigores de la vida a la intemperie en los campamentos de desplazados creados en Haití a raíz del devastador terremoto de enero, se suma ahora la amenaza de posibles desalojos forzosos. Se calcula que entre 1.5 y 2 millones de personas viven aún en carpas improvisadas que instalaron en parques, plazas y terrenos baldíos luego del sismo del 12 de enero, que dejó unos 300.000 muertos.
En las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, que se realizan en Washington esta semana, hubo denuncias sobre supuestos desalojos forzados realizados con ayuda de la policía haitiana y ante la inactividad del gobierno.
Se calcula que entre 1.5 y 2 millones de personas viven aún en carpas improvisadas que instalaron en parques, plazas y terrenos baldíos luego del sismo del 12 de enero, que dejó unos 300.000 muertos.
Según grupos de derechos humanos que acudieron a la CIDH, 28.000 personas han sido sacadas a la fuerza de los lugares en los que se refugiaron, mientras que unas 140.000 han recibido la advertencia de que serán desalojadas por los supuestos propietarios de los terrenos.
"Inhumano e ilegal"
Según los denunciantes, en los desalojos ha participado la policía haitiana a favor de los supuestos propietarios, muchos de los cuales no habrían logrado certificar su derecho sobre las tierras en disputa.
"Habiendo confirmado la impotencia del gobierno para enfrentar estas violaciones, reiteramos nuestros pedidos a la CIDH para que viaje a Haití y verifique estas violaciones flagrantes a los derechos humanos", pidió Mario Joseph, miembro de la Oficina de Abogados Internacionales, con sede en Puerto Príncipe.
Habiendo confirmado la impotencia del gobierno para enfrentar estas violaciones, reiteramos nuestros pedidos a la CIDH para que viaje a Haití y verifique estas violaciones flagrantes a los derechos humanos
Mario Joseph, Oficina de Abogados Internacionales
"Estas personas están sumidas en una situación casi de bestialidad y el gobierno no hace nada para solucionarlo (…) el estado es cómplice", dijo Joseph en la audiencia en la que el estado haitiano no estuvo representado.
Cumplida la audiencia, las organizaciones denunciantes anunciaron que presentarán ante la CIDH una solicitud de medida cautelar que obligue al estado haitiano a cumplir con su deber de proteger a los desplazados y procurar dotarlos de viviendas dignas.
Aunque no dio una fecha estimada para un eventual viaje, la relatora de la CIDH para Haití, Dinah Shelton, dijo tener la intención de visitar el país para conocer directamente este y otros temas de derechos humanos.
Situación compleja y especial
Sin embargo, la propia comisión dice reconocer que en el caso haitiano hay una situación muy especial en el tema de derechos humanos que se remonta a mucho antes del terremoto de enero, pero que se agravó con el desastre natural.
"El estándar al que estamos sometiendo a Haití tiene que ser comprensivo comparado con los otros países del resto del continente (…) distinto al que se le puede exigir a países que ya están en un nivel de desarrollo democrático diferente", dijo a BBC Mundo, la comisionada Luz Patricia Mejía.
"No obstante Haití sigue teniendo las mismas obligaciones. Esas obligaciones no se relativizan por la situación. Hemos planteado en diferentes informes que hay una responsabilidad de la comunidad internacional frente a Haití. Una responsabilidad que deviene de la debilidad del estado haitiano", aseguró a BBC Mundo.
Muchos observadores indican que la mejor manera que tendría la comunidad internacional de apoyar al estado haitiano sería cumpliendo con las donaciones ofrecidas para financiar la reconstrucción del país.
Todos los derechos reservados Copyright 2007
Terminos y usos del sitio
Directorio Web de Argentina
Secciones
Portada del diario | Ediciones Anteriores | Deportes | Economia | Opinion|Policiales
Contactos
Publicidad en el diario | Redacción | Cartas al director| Staff