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Sin los votos para eliminar ley de Caducidad

El Frente Amplio, coalición de izquierdas en el gobierno de Uruguay, se verá impedido de aprobar un proyecto interpretativo que deja sin efecto la Ley de Caducidad, que salvo excepciones, dio impunidad a militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), al carecer de los votos necesarios en el Senado.

La fuerza política cuenta con 17 senadores en 31, pero dos de sus legisladores ratificaron hoy que votarán en contra de la iniciativa, que cuenta con media sanción parlamentaria en la Cámara de Diputados.

Los senadores disidentes son el ex vicepresidente, Rodolfo Nin Novoa, y Jorge Saravia, sin cuyos votos el proyecto no podrá ser aprobado.

Nin Novoa confirmó hoy tras la reunión de la bancada con el canciller Luis Almagro, que "no voy a votar esa ley" y que los argumentos del ministro "no me conformaron".

"El canciller está imbuido de todo ese mundo internacional, de las comisiones internacionales y de los organismos internacionales", que no reconocen instancias como "la prisión de los dictadores, la prisión de muchos torturadores, las leyes de reparación y dos plebiscitos en los que la ciudadanía opinó", sostuvo Nin Novoa.

El proyecto deja sin "valor jurídico alguno" los artículos 1, 3 y 4 de la Ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión punitiva del Estado, rechazada por organismos internacionales por contradecir tratados de Derechos Humanos firmados por Uruguay y declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.

La ley fue promulgada en 1986 durante el primer gobierno democrático de Julio María Sanguinetti tras el fin del régimen castrense en 1985 y refrendada en dos ocasiones por la ciudadanía; la primera en 1989 y la segunda el año pasado cuando se votó en simultáneo con las elecciones presidenciales que consagraron el triunfo de Mujica.