Una nueva condena judicial basada en la Ley Antiterrorista contra el comunero mapuche Raúl Castro Antipán, acusado de asaltar un peaje en el sur de Chile, generó rechazos en ámbitos políticos y sociales.
La resolución de la justicia se dictó a menos de un mes del término de una huelga de hambre, que un grupo de presos mapuches protagonizó por más de 80 días, en demanda de la no aplicación de la polémica normativa, heredada de la dictadura militar de Augusto Pinochet.
Esta protesta había culminado luego de un acuerdo de los
aborígenes con el gobierno.
El subsecretario de la Presidencia, Claudio Alvarado, subrayó
que el gobierno cumplió con el acuerdo de enviar al Parlamento
modificaciones a la ley antiterrorista y la justicia militar,
pero subrayó: "no podemos referirnos a las resoluciones de los
tribunales".
"Nosotros argumentamos que tenemos la convicción de que los delitos no tienen carácter terrorista, pero la apreciación de los tribunales puede diferir", dijo el funcionario.
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