La Argentina presentó ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los avances realizados en materia del juzgamiento de delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar, donde resaltó las "acciones que han llevado a cabo los tres poderes del Estado para avanzar sobre este proceso".
La audiencia, desarrollada dentro del marco de las 140 período de sesiones de la CIDH, fue el resultado de la petición realizada por primera vez por parte del estado argentino para dar cuenta de un "proceso histórico, singular en el mundo", según mencionó la directora nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos Humanos, de la Secretaría de Derechos Humanos, la doctora Andrea Gualde.
En ese sentido, la funcionaria afirmó que "derribada la impunidad" y una
vez declarados los "delitos cometidos como de lesa humanidad, y en ese
sentido imprescriptibles, los tres poderes del Estado tomaron la
decisión de encarar el proceso de investigación y juzgamiento con las
normas vigentes".
La funcionaria informó que "se hizo sin leyes
especiales, ni jueces especiales, respetando las garantías que en
materia de juzgamiento que establecen los estándares internacionales".
Gualde
habló ante las autoridades de la CIDH y en compañía del director
general de Derechos Humanos de la Cancillería argentina, Eduardo Acevedo
Díaz y del coordinador del área jurídica de la Secretaría de Derechos
Humanos, Pablo Barbuto.
Además y al calificarlo como "el año de
los juicios", Gualde precisó que hasta el momento el número de causas en
trámite en la Argentina alcanza a 127, entre ellas 13 en debate oral,
76 elevadas para realizar el debate y 38 con requerimientos de
instrucción, siendo que en esas causas hay 656 procesados, 126
condenados.
"Estos números, son un claro indicador del impulso
que se está imprimiendo y que se materializa en la cantidad de debates
orales abiertos y en los progresos de las investigaciones", dijo.
Actualmente
además de los cuatro debates orales que existen en la Ciudad de Buenos
Aires, hay debates abiertos en las provincias de Buenos Aires, Chaco, La
Pampa, Mendoza, Santiago del Estero, Santa Fe y Córdoba, mientras que
en lo que resta del año "está previsto el inicio de otros debates orales
en Mendoza, La Rioja y Salta" explicó.
Gualde dijo que un
"aspecto vital" del proceso es la difusión pública de los juicios donde
existe una decisión política de mantener informada a la comunidad a fin
de que comprenda y sepa más de su pasado reciente".
Por otro
lado, tras el planteo realizado por el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS) sobre ciertas demoras en los procesos, los funcionarios
argentinos aseguraron que los desafíos para el futuro están puestos en
"lograr aumentar la celeridad respetando los marcos siendo que la
voluntad es no cambiar las normas", así como que "cada vez más se
acumulen más causas".
No obstante, Gualde advirtió que "este
proceso, se da después de 20 años de impunidad, y esos 20 años de
impunidad no se dieron en vano, porque calaron en las instituciones, en
las personas, en las víctimas y eso es también parte de la dificultad
que se enfrenta".
Subrayó que además, el objetivo "será continuar
con el proceso que se viene llevando de incorporación de nuevos
recursos y colaborar con la justicia, mediante la continua
implementación de programas e iniciativas que conduzcan al intercambio
de experiencias, como en la preparación para la reparación de las
víctimas".
Por su parte la presidencia de la audiencia ante la
CIDH, ejercida por Dinah Shelton, resaltó el "impresionante esfuerzo"
hecho por el gobierno argentino en los últimos años, respecto a los
avances realizados sobre el tema.
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