La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de Uruguay postergó para el lunes 18 la votación de un proyecto del Frente Amplio, coalición en el gobierno, que declara inaplicable la Ley de Caducidad, que dio impunidad, en 1986, a militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).
El vicecanciller Roberto Conde dijo a Radio Carve que es una necesidad objetiva que la ley quede sin efecto, dado que "en Uruguay están conviviendo un conjunto de normas que chocan violentamente entre sí".
Conde había concurrido el jueves ante la comisión, donde explicó que la Ley de Caducidad es inconstitucional y que la Corte Interamericana de Justicia ya observó al Estado uruguayo por mantener vigente esta norma.
La iniciativa, de tres artículos, declara como "interpretación obligatoria" que los artículos 1 al 4 de la Ley de Caducidad "son violatorios de la Constitución de la República". Asimismo establece que "toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida y/o archivada por aplicación de la ley 15.848 (de Caducidad), continuará de oficio, por la mera solicitud del interesado o del Ministerio Público".
El anterior gobierno de Tabaré Vázquez excluyó varios casos de la ley, lo que permitió en 2006 y 2007 enviar a prisión al ex dictador Gregorio Alvarez y a una decena de ex militares y policías por delitos de lesa humanidad. La Ley de Caducidad fue ratificada por plebiscitos en 1989 y 2009.
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