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07/10/2010 - La causa cumple nueve años

Caso Noble: la jueza rechazó un nuevo pedido de recusación

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, rechazó ayer el pedido de apartarse de la causa en que se investiga si los hijos adoptivos de la dueña del diario Clarín son hijos biológicos de desaparecidos durante la última dictadura.

Fuentes con acceso a la causa informaron a Télam que la magistrada no hizo lugar al nuevo pedido de recusación que presentaron el lunes pasado los abogados de Marcela y Felipe Noble Herrera en coincidencia con el inicio de una nueva ronda de pericias sobre material genético.

La recusación había sido hecha por los abogados Roxana Piña y Alejandro Carrió, conjuntamente con un pedido de nulidad de las pericias sobre muestras de sangre y saliva iniciadas ese día en el Banco Nacional de Datos Genéticos que funciona en el Hospital Durand de Buenos Aires.

La causa para determinar la identidad de los hijos adoptivos de Ernestina de Noble lleva nueve años y Arroyo Salgado es la tercera jueza a cargo de la misma, luego de que la Cámara Federal de San Martin apartara al anterior juez, Conrado Bergesio, por su morosidad.

Las pericias actuales sólo tienden a verificar el si las muestras de sangre y saliva entregadas por los jóvenes Noble Herrera al Cuerpo Médico Forense en diciembre pasado podrían servir para trazar un patrón genético comparable con el de los desaparecidos que almacena el BNDG.

El lunes los tres juegos de muestras fueron verificados sin objeciones por todas las partes, incluidas las denunciantes Abuelas de Plaza de Mayo, y reunidas en el Banco, pero la verificación técnica se realizará recién el 18 del corriente y estará lista diez días mas tarde.

Esta comprobación fue solicitada luego de que materia genético retirado en un allanamiento mas reciente en la casa de Marcela y Felipe Noble Herrera fracasara a raís de la contaminación a propósito del mismo mediante la manipulación por muchas personas.

Tras el rechazo de la recusación, los patrocinantes de las victimas del presunto delito, que son los hijos adoptivos de la empresaria, tienen la opción de apelar e insistir en el pedido de apartamiento de la jueza ante la Cámara Federal de San Isidro. 


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