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AMPLIARUna nueva operación destituyente?

¿Embestida kirchnerista contra la Corte Suprema o una operación destituyente?

Durante todos estos días, la corporación mediática – escrita, radial y televisiva- no ha mezquinado argumentos para convencernos de que gobierna Santa Cruz un mandatario arbitrario, irrespetuoso de las instituciones y autoritario, que se niega caprichosamente a restituir en su cargo al ex procurador Eduardo Sosa, a pesar de reiterados fallos de la justicia provincial. Por Maximiliano Burckwardt

Es probable que estemos ante un infantil entusiasmo opositor de provocar un “golpe” al gobierno.

Para la corporación monopólica de medios, la “rebeldía” del gobernador Daniel Peralta pone en evidencia que Néstor Kirchner quiere apropiarse del Poder Justicial, silenciando que fue el ex presidente quien promovió la destitución de la Corte menemista “de la servilleta” y posibilitó la constitución de la actual Corte Suprema, la más independiente y prestigiosa de los últimos 50 años.

Para la oposición -que se molesta ante acusaciones de actitudes destituyentes de su parte-, la “irreverencia” del gobernador santacruceño es de una gravedad institucional tan grande que hace necesaria la urgente intervención de la provincia patagónica. Y en medio de tanto entusiasmo intervencionista, la izquierda funcional a la oposición derechista, por boca de Pino Solanas, propuso ayer la originalidad de intervenir la provincia de Santa Cruz por una hora, sin mover de su cargo a Daniel Peralta, al solo efecto de restituir al ex procurador Eduardo Sosa.

En realidad, la supuesta rebeldía del mandatario patagónico sólo consiste, como el bien lo expresa, en la imposibilidad manifiesta de cumplir con el fallo de la Corte provincial.

En el año 1995, el parlamento santacruceño – no el Poder Ejecutivo- sanciona una ley por la que se elimina del organigrama del gobierno la Procuraduría General y se distribuyen las funciones de dicho organismo en dos nuevas áreas de gobierno. Desaparecido el cargo de Procurador y la partida presupuestaria por la que cobraba sus honorarios, el gobierno de Santa Cruz ofrece a Sosa una indemnización de $ 1.300.000, que el ex funcionario se niega a aceptar e inicia acciones judiciales.

En el año 1998, en un primer fallo –que luego reitera en los años 2001 y 2002- la Corte Suprema santacruceña ordena la restitución de doctor Eduardo Sosa, ante lo cual el entonces gobernador Néstor Kirchner señala, al igual que Peralta, la imposibilidad de dar cumplimiento al fallo, por no existir dicho cargo en el organigrama del gobierno y ofrece al ex procurador otro cargo de igual jerarquía y remuneración -según el propio Sosa reconoció en pasado 14 de setiembre en un diálogo con Magdalena Ruiz Guinazú por Radio Continental-, cargo que no aceptó insistiendo en que debe ser restituido como procurador.

Obviamente, a los legisladores del opositor grupo A no se les escapa que no hay ningún elemento que justifique una intervención provincial; que no existe ningún acto de rebeldía por parte del gobernador patagónico y que la solución, en definitiva, está en manos del parlamento de Santa Cruz que, para el próximo ejercicio presupuestario debería reestablecer la Procuraduría en el organigrama del Poder Ejecutivo y aprobar la partida presupuestaria para su funcionamiento.

Todos estos datos ponen en evidencia que la desmesurada operación de prensa de la corporación mediática y el infantil  entusiasmo opositor ante  la posible intervención a la provincia natal de Néstor Kirchner, no son la respuesta a una embestida kirchnerista contra la Corte Suprema, como tituló ayer viernes el principal matutino de nuestra provincia, sino un  nuevo intento destituyente de la derecha opositora contra un gobierno que esta tocando demasiados intereses.

Por Maximiliano Burckwardt