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AMPLIAREl represor Musa Azar en el banquillo

Comenzó el juicio a Musa Azar en Santiago del Estero

Sin la comparencia de los represores Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y Domingo Bussi, se inició ayer el primer juicio de lesa humanidad en Santiago del Estero por el asesinato del estudiante universitario Cecilio Kamenetzky, causa en la que son juzgados el ex comisario santiagueño Musa Azar y los ex oficiales Ramiro López Velloso y Miguel Tomás Garbi.

El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero resolvió suspender las audiencias contra Videla y Menéndez, que afrontan similar proceso judicial en Córdoba y la del ex gobernador tucumano Bussi, en base a un informe médico forense que indica que el ex militar "no está física ni síquicamente en condiciones" de participar.

Precisamente el máximo tribunal resolvió ayer no hacer lugar al requerimiento de las querellas, integrada por familiares de Kamenetzky y diversas organizaciones de derechos humanos, que solicitaron “exámenes periódicos” al represor “para introducirlo en cualquier momento del proceso judicial”.

En ese sentido, prevaleció el criterio aportado por la abogada defensora oficial, Aurora Ramos Tabeada, al indicar que Bussi "no es un enfermo común, es un enfermo terminal” y que “no puede ser sometido a audiencias en juicio y testimoniales”.

En otros planteos realizados por los abogados defensores de Garbi y López velloso, el TOF presidido por la santiagueña Josefina Curi, resolvió rechazar “por extemporánea” una recusación a los integrantes del tribunal y de a las organizaciones de derechos humanos “en una sola querella”.

Asimismo, fue excluida de constituirse en querellante la Liga Argentina por los Derechos Humanos por “no haber resultado parte” en el proceso judicial, en una disposición que los abogados de la organización hicieron reserva del recurso federal por considerar “un agravio”.

También fue rechazada la recusación a los miembros del tribunal realizada por el abogado César Barrojo, defensor de López Velloso, que denunció “violación del derecho a defensa en juicio” y que el tribunal calificó de “extemporáneo”.

 Durante la lectura del requerimiento de elevación a juicio, se indicó que Kamenetzky, estudiante de abogacía de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), fue detenido el 9 de agosto de 1976, en un violento e ilegal allanamiento realizado a la casa en la que la víctima vivía junto a sus padres y hermanos, en avenida Roca al 1.100 de la capital santiagueña.

Tras ser detenido por Garbi y otros oficiales, el estudiante que tenía 18 años fue trasladado en un Peugeot color amarillo a la sede del Departamento Informaciones Policiales (DIP), dirigido por Musa Azar, y sometido a torturas y sufrimientos, fue alojado en el Penal de Varones de Santiago del Estero.

De acuerdo a los testimonios del entonces jefe del servicio interno del Penal de Varones, Llapar Allally del director de la misma prisión, José Manuel Silvetti, se indicó que Kamenetzky y otro preso político, Mario Giribaldi “eran sacados de la cárcel y trasladados a la DIP por orden firmada por Musa Azar”

Por su parte, otros compañeros de prisión, indicaron que Kamenetzky fue sometido a torturas y violentos castillos corporales “por su condición de judío y para obtener información sobre actividades consideradas extremistas”.

En la misma instrucción judicial, los testigos indicaron que los detenidos “eran sometidos a tabicamiento, engrillamiento, supresión de identidad, condiciones cautivas en tubos o leoneras, anulación de toda forma de comunicación, castigos y torturas con picanas eléctricas, mala alimentación, falta de higiene,
exposiciones desnudos y otros padecimientos sexuales, brutalidad antisemita y otras barbaridades”.

En noviembre del mismo año, el joven universitario de 18 años, fue asesinado a balazos en un cuestionado intento de fuga por los fondos de la DIP, tras una sesión de torturas en la que también fue sometido Giribaldi, que figura en la lista de "desaparecidos" durante la última dictadura militar.

Se logró determinar que Kamenetzky recibió dos balazos de arma de fuego, prácticamente “a quemarropa”, a una distancia estimada de un metro y 20 centímetros, disparados por Enrique Corvalán y López Velloso, oficiales de guardia.

De esta manera quedó formalizada la acusación a los ex policías santiagueños Musa Azar, Garbi y López Velloso por los delitos de "allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio calificado por alevosía con el concurso premeditado de dos o más personas". 

Durante el desarrollo de la primera audiencia, realizada en el Juzgado Federal de Santiago del Estero, cientos de dirigentes de distintas organizaciones de derechos humanos reclamaron “justicia y castigo” a los represores.