La oposición boliviana anunció ayer una "dura batalla" en el Senado, para evitar que apruebe una ley de lucha contra el racismo que prevé sanciones para quien publique ideas racistas y discriminatorias.
El senador Bernard Gutiérrez, del partido opositor Convergencia Nacional, dijo: "queremos una buena ley. No estamos de acuerdo con actos de discriminación o de racismo, pero tampoco queremos que se la utilice de manera vedada para coartar la libertad de expresión".
Según interpretaron estos sectores, el partido gobernante,
Movimiento Al Socialismo, pretende "judicializar la libertad de
expresión" y usar la ley para "perseguir a sus opositores".
La senadora Carmen Gonzales, del mismo grupo adversario al
gobierno, declaró que una presunta "falta de imparcialidad" de
la justicia "hará más fácil la persecución a los opositores.
Este proyecto no sólo vulnera los derechos ciudadanos, sino
también las garantías constitucionales".
El senador oficialista Eugenio Rojas declaró que se
"pueden hacer modificaciones al proyecto" para adecuarlo a la
Constitución, que reconoce a los medios de comunicación la
posibilidad de autorregulación.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Marianela Paco, del oficialismo, dijo que la ley será reglamentada en un plazo de 90 días "en base a un amplio proceso de concertación y participación social".
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