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AMPLIARBaltasar Garzón junto a Estela de Carlotto

Baltasar Garzón al banquillo de los acusados

El juez que impulsó las causas contra represores argentinos en España será juzgado en noviembre por el Tribunal Supremo de ese país. Se lo acusa de un presunto delito de prevaricación en relación con las investigaciones que llevó a cabo en 2008, por los crímenes de los franquistas durante la Guerra Civil y su temeraria posterior dictadura.

España el mundo de revés y ¡olé!

El prestigioso juez español Baltazar Garzón será juzgado por un presunto delito de prevaricación en relación con las investigaciones que llevó a cabo en 2008, por los crímenes de los franquistas durante la Guerra Civil y su temeraria posterior dictadura.

En agosto pasado, Garzón visitó en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, a María Isabel “Chicha” Mariani, la mujer que le había señalado cada uno de los espacios de la vivienda donde murió su nuera y en la que fue apropiada la bebé que, se sospecha, podría ser Marcela Noble, la hija de la accionista mayoritaria del Grupo Clarín, oligopolio mediático argentino.

El tribunal Supremo de España reafirmó su decisión de abrir juicio oral contra Garzón. En su resolución, los cinco jueces de la Sala de lo Penal del alto tribunal rechazaron por unanimidad el recurso que el juez interpuso contra su enjuiciamiento y concluyeron que el instructor, Luciano Varela, actuó correctamente al denegar unas pruebas que el magistrado había solicitado, para tratar de evitar el banquillo de los acusados.

Por su parte, Garzón había pedido que declarasen juristas internacionales y magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional que, como él, defienden que los crímenes contra la Humanidad no prescriben nunca.

Por otra parte, según los jueces de ese tribunal, “el criterio del instructor no es ilógico ni arbitrario cuando considera innecesarias las pruebas denegadas”.

A raíz de su enjuiciamiento, el juez, de 54 años, fue suspendido provisionalmente en mayo pasado como magistrado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Garzón había mantenido una reunión con la presidenta argentina Cristina Fernández ese mismo mes, en la que la primera mandataria argentina le había comunicado que estaba muy sorprendida y dolida por la situación que estaba atravesando el magistrado.

“Me parece una regresión en la concepción de la justicia universal en materia de derechos humanos", detalló entonces un comunicado de la presidenta argentina.

“La entrevista con Garzón no significa inmiscuirse en asuntos internos españoles", señaló también aquel comunicado.

Es importante destacar que fue el sindicato Manos Limpias quién presentó la querella principal- hubo otras querellas- contra Garzón. Esa organización de ultraderecha no cuenta con representación oficial en ningún centro de trabajo en España y está liderada por Miguel Bernad, ex dirigente de Fuerza Nueva, otra formación de extrema derecha.

A esta agrupación, se le sumó la organización Libertad e Identidad. Y, posteriormente, se presentó otra más: Falange Española de las JONS, heredera del partido único sobre el que se asentó la dictadura de Francisco Franco, si bien esta formación fue expulsada luego del proceso.

Ambas agrupaciones sostienen que el juez se declaró competente en 2008 para investigar la desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil y la posterior dictadura, pese a que sabía que por ley no le correspondía hacerlo, en virtud de la Ley de Amnistía de 1977.

A su vez, el magistrado defiende que el derecho internacional está por encima y sí podía hacerlo.

Pero después de haber acusado al dictador Franco y a otros cuarenta y cuatro ex altos funcionarios de su régimen, todos ellos ya fallecidos, de crímenes de lesa humanidad por la desaparición de más de cien mil personas durante esa etapa de la historia de España, Garzón se vio obligado en noviembre de 2008 a abandonar la investigación, al verse confrontado con un contundente recurso de la fiscalía, lo que significó un duro golpe para los familiares de las decenas de miles de víctimas.

La situación actual del juez es compleja. Si todo marcha según la lógica de los hechos, el proceso culminaría con Garzón siendo juzgado. Ese proceso ha dividido a España entre quienes apoyan al juez y quienes defienden que debe sentarse en el banquillo.

A veces, es la opinión pública quien sentencia a una persona. En otras, las personas sentencian a la opinión pública. Para los pueblos de América Latina, que han padecido sobre la propia piel el terror dictatorial tanto como la España franquista, la sentencia debiera ser unánime.