Tamaulipas se ha convertido en el hoyo negro del crimen organizado en México. Hay poco registro de la acelerada desintegración social que vive ese estado fronterizo desde hace seis meses, pues la prensa local está totalmente silenciada.
Por Daniela Pastrana para IPS.
"No tenemos opción, simplemente no tenemos opción", dijo a IPS, vía telefónica,
el corresponsal de un periódico nacional que pidió reservar su identidad. Como
otros, este periodista se negó a enviar a su diario información sobre el
asesinato del alcalde de Hidalgo, un pequeño municipio vecino de Ciudad
Victoria, capital del estado situado en el extremo nororiental de México.
El alcalde, Marco Antonio Leal García, fue emboscado y asesinado el
domingo 29 en la tarde, cuando viajaba en automóvil con su hija de 10 años, que
resultó herida en las piernas. Apenas el 13 de agosto había sido muerto su
antecesor en la alcaldía, Cesáreo Rocha Villanueva.
El lunes 30, los
diarios de Ciudad Victoria publicaron esquelas del alcalde asesinado, pero no la
noticia de su muerte, debido a que todas las
redacciones fueron amenazadas, supuestamente por grupos del crimen
organizado.
Tamaulipas es un estado fronterizo de algo más de tres
millones de habitantes, con una superficie equivalente a los territorios sumados
de El Salvador y Costa Rica. Comparte una extensa frontera con Texas y tiene uno
de los principales puertos sobre el Golfo de México, Tampico.
En esa
zona del noreste operan el narcotraficante Cartel del Golfo --que controla las
ciudades fronterizas-- y una violenta organización conocida como Los Zetas,
formada por militares desertores que habían sido entrenados en técnicas de
combate y contrainsurgencia por la estadounidense Agencia Central de
Inteligencia (CIA).
"Los Zetas originales comenzaron ejecutando blancos
selectos con eficiencia militar y economía de balas", dijo a IPS Jorge Luis
Sierra, periodista especializado en seguridad y militarización.
"Pero
después comenzaron los excesos, y ahora Los Zetas ya no son los viejos soldados
desertores, sino unidades que mezclan civiles, policías, ex militares y sicarios
de otras bandas, que practican tres estrategias juntas: actúan como narcos, como
terroristas y como guerrilleros al mismo tiempo", agregó.
Al asesinato
del alcalde Leal García lo precedió un fin de semana muy violento, con
explosiones en las ciudades de Reynosa y Tampico y el estallido de un coche
bomba frente a las instalaciones del canal Televisa Victoria, que el viernes 27
amaneció con su señal apagada.
El domingo se produjo un enfrentamiento
de más de nueve horas entre militares y delincuentes en la región del río
Pánuco, límite sur de Tamaulipas, que fue registrado por usuarios de la red
social Twitter.
Pero no son los únicos casos, ni los peores. Seis días
antes de las elecciones de julio, fue asesinado
del candidato favorito a gobernador del estado, Rodolfo Torre Cantú, del
Partido Revolucionario Institucional. Y apenas la semana pasada, efectivos de la
marina de guerra encontraron en un rancho del municipio de San Fernando los
cuerpos de 72 inmigrantes masacrados, presumiblemente, por haberse negado a
trabajar para Los Zetas.
Del asesinato de los inmigrantes "hay varias
lecturas: una es que Los Zetas son el grupo más brutal y violento que hemos
conocido; dos, que es posible que hayan sido detectados, y mataron a todos antes
de irse del lugar, y tres, que otro grupo haya cometido la acción y se la haya
atribuido a Los Zetas para exterminarlos de la zona", conjeturó Sierra.
Los Zetas, explicó, nunca reivindican sus acciones. Su "política
comunicacional" es el acto mismo. En cambio, sus enemigos están empleando
tácticas de guerra psicológica, como los coches bomba. En este sentido, "matar a
72 inmigrantes y atribuirlo a Los Zetas puede ser un acto de propaganda y formar
parte de una estrategia de guerra psicológica", dijo.
Como sea, Los
Zetas encontraron años atrás una mina de oro en el secuestro de indocumentados.
Según estimaciones basadas en datos oficiales y de organizaciones no
gubernamentales, unas 500.000 personas de América Central y del Sur cruzan por
año este país sin permiso. Y más de 10.000 fueron secuestradas en los seis meses
transcurridos entre septiembre de 2009 y febrero de este año, de acuerdo con la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Estas personas son
extorsionadas y puestas en el dilema de incorporarse a las filas de Los Zetas o
pagar por su liberación y continuar su camino a Estados Unidos.
La CNDH
asegura que cada mes son secuestrados unos 1.600 inmigrantes.
En la
inauguración de un foro sobre trata de personas en Ciudad de México, la diputada
federal Rosi Orozco aseguró que el mercado de este delito representa una de las
tres principales fuentes de ingresos para el crimen organizado y "ha crecido en
la mayor parte de los estados, convirtiéndose en un tema de seguridad nacional".
Aunque esto ocurre en todo el país, se recrudece en la "frontera chica"
de Tamaulipas, una faja de municipios en el noroeste del estado que es clave
para el tráfico de drogas y donde disputan el Cartel del Golfo y Los Zetas, a
los que se sumó recientemente --según testimonios de habitantes-- el Cartel de
Sinaloa, que lidera "El Chapo" Joaquín Guzmán Loera.
"Hay una
deficiencia asombrosa de inteligencia" en todo el aparato de seguridad, "sobre
todo si consideramos que éste no fue el primer caso de secuestro masivo de
indocumentados", cuestionó Sierra. "¿Cómo es posible que el crimen organizado
haya secuestrado y asesinado a 72 inmigrantes sin que lo haya detectado
inteligencia militar?".
El peor de los escenarios es que esos
territorios de ingobernabilidad se amplíen más y alcancen "puntos estratégicos:
instalaciones petroleras, áreas financieras, oficinas de gobierno, grandes
concentraciones de personas", dijo. Nada de eso está descartado.
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