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Gobierno boliviano reitera plenas garantías jurídicas a inversiones privadas nacionales y extranjeras

l Gobierno reiteró el viernes que otorga plenas garantías jurídicas a las inversiones privadas nacionales y extranjeras que participen en programas de desarrollo y que trabajen en sujeción a la normativa nacional boliviana, manifestó el viernes el Portavoz Oficial de la Presidencia, Iván Canelas.

En una conferencia de prensa, Canelas subrayó que el Gobierno del presidente Evo Morales Ayma "jamás autorizará inversiones o acciones que sean ilegales y que perjudiquen al interés nacional".

Hizo conocer las razones por las que el Ejecutivo decidió revertir al Estado esta semana 33,34 de las acciones de la Fábrica Nacional de Cemento Sociedad Anónima (FANCESA).

Ese porcentaje de acciones estaba en poder del empresario y jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, quien es igualmente el principal accionista de la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE).

Los restantes 66,66 por ciento de las acciones de FANCESA pertenecen a la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (USFX) y a la Alcaldía de Sucre.

Con la decisión gubernamental, las acciones revertidas estarán ahora a cargo de la Gobernación de Chuquisaca, que anteriormente era su propietario. De esa manera la empresa retomará sus características plenamente estatales.

Bajo la responsabilidad de la Gobernación de Chuquisaca, FANCESA seguirá adelante con sus programas de crecimiento empresarial que serán ejecutados con transparencia y eficiencia para beneficiar al departamento de Chuquisaca y al país, puntualizó.

Descartó que la empresa vaya a convertirse en un "botín político".

En la reunión con los periodistas en el Palacio de Gobierno, el Portavoz hizo conocer los pormenores de la adjudicación a favor de Doria Medina de las acciones de FANCESA.

Señaló que el 24 de abril de 1992, el gobierno del entonces presidente Jaime Paz Zamora, al frente de una coalición conformada por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Acción Democrática Nacionalista (ADN) del general Hugo Banzer, promulgó la Ley 1330 que prohibía a presidentes, gerentes, asesores, directores de empresas públicas y autoridades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial participar directamente, o por interpósita persona, en procesos de adjudicación de parte o la totalidad de una empresa estatal.

Recordó que esa Ley fue propuesta a Paz Zamora por los entonces Ministros de Planificación y de Coordinación y Finanzas, Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga Ramírez, respectivamente.

Sin embargo, en 1999, durante el Gobierno del entonces presidente Hugo Bánzer, que administraba Bolivia en alianza con el MIR de Paz Zamora y de Doria Medina, aprobó el Decreto 25523 que reglamentaba la Ley de Privatización de empresas estatales, de la que también se beneficiaron algunas ex autoridades.

Con esa reglamentación se abrieron canales a ex autoridades para participar en la adjudicación de empresas estatales.

Canelas señaló que, al parecer, algunas ex autoridades gubernamentales, como Doria Medina, "planificaron Leyes para beneficiarse en el futuro sin importarles la moral y la ética que deben caracterizar la vida de las personas".

"Lamentablemente algunos Gobiernos aprobaron Leyes y otros instrumentos legales hechos a la medida de los intereses de algunas personas que los utilizaron para adjudicarse empresas estatales", subrayó.

Indicó que Doria Medina, hoy propietario de diversas empresas en Bolivia, será posiblemente investigado por el delito de tráfico de influencias, que es penado por la Ley de Lucha contra la Corrupción impulsada por el gobierno.

"Tenemos documentos y constancias de lo que sucedió con FANCESA, pero será el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción el que decida si presenta una denuncia y se exige un proceso a los responsables de esos hechos", agregó.

Canelas subrayó que no es cierto que el Gobierno haya desencadenado una campaña contra Doria Medina porque el Gobierno "no mira a personas o instituciones, sino vela por el interés nacional".

Señaló que han surgido nuevos detalles y cuestionamientos sobre la forma cómo se ha conformado la empresa del cemento en Chuquisaca con la entrega de más de un tercio de sus acciones a la empresa privada, en este caso a Doria Medina.

El director de la Autoridad de Fiscalización de empresas, Oscar Cámara, informó el miércoles que se ha iniciado una investigación para establecer la veracidad de la entrega de 12 millones de bolivianos de la Sociedad Boliviana de Fomento (SOBOCE) a la Universidad de Chuquisaca con el fin de tener bajo su control a FANCESA, al acceder a la Presidencia del Directorio para dejar de lado el derecho societario de la Alcaldía de Sucre. De esa manera Doria Medina se garantizaba el monopolio en la producción del cemento.

Cámara dijo que el convenio institucional fue suscrito el 2 de diciembre de 1999, con una duración de siete años, entre el entonces rector de la UFSX, Jaime Robles Miranda, y el accionista mayoritario, Samuel Doria Medina, como presidente de SOBOCE.

Sostuvo que la investigación se enmarcará en el Código de Comercio, porque se negó el derecho a un accionista de administrar la empresa.