El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo ayer que el Gobierno acudirá a la Justicia para la “paralización inmediata de cualquier obra iniciada en ese lugar”. Los motivos son el “daño ambiental irreversible y la pérdida de diversidad biológica por la construcción de la represa”.
Aseguró que "el impacto ambiental de la obra puede ser muy negativo para Corrientes y, de allí, la presentación de la medida cautelar ante la Corte Suprema".
"Corrientes nunca nos ha presentado los estudios respectivos. Esa
omisión por parte de la provincia debe cesar. Así lo impone la
Constitución. Debemos hacer las evaluaciones del caso. Debemos tener las
garantías de que no habrá complicaciones", expresó el funcionario.
El
jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anunció la medida de amparo por
parte de la Justicia contra la provincia de Corrientes ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
La Corte Suprema de la Nación
presentó a la Provincia de Corrientes una medida cautelar de no innovar
el proyecto productivo de cualquier obra que se realice en ese lugar,
con motivo de las conductas que la provincia ha tomado en la región del
Arroyo de Ayuí y los esteros del Iberá.
“El argumento tiene dos
vertientes, el primero a nivel nacional, que corresponde al daño
ambiental irreversible en la zona afectada, el cumplimiento de los
deberes impuestos o autoimpuestos a la nación argentina por el estatuto
del río Uruguay.”
Por su parte, Fernández explicó que el
gobierno correntino “permitió el inicio de las obras en las márgenes del
arroyo Ayuí, en una extensión de 8 mil hectáreas, de las cuales
corresponden parte de los esteros del Iberá, utilizados como reservorio
para el cultivo de arroz”.
Sin embargo, explicó, que “la
provincia de Corrientes nunca ha aportado la información adecuada para
dicha obra. Según la ley 25675, es nuestra responsabilidad abogar por el
cuidado ambiental de nuestro país y, como dicta la ley 26331, es
nuestra responsabilidad cuidar del aprovechamiento de los bosques
nativos”.
En segundo lugar, el jefe de Gabinete, dijo que la
Argentina también tiene responsabilidades internacionales, a raíz del
Tratado del Río Uruguay y que “la omisión de información de la obra por
parte de la provincia de Corrientes puede provocar que el Estado
argentino corra riesgos de irresponsabilidad a nivel internacional”,
concluyó Aníbal Fernández.
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