El gobierno chileno descartó ayer dialogar con los 32 presos mapuches que desde hace 48 días cumplen una huelga de hambre contra la aplicación de la ley antiterrorista, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
"Es difícil dialogar con grupos que están utilizando medios de presión, como huelgas de hambre, y que no han dado el paso de renunciar al uso de la violencia", afirmó la vocera de gobierno, Ena Von Baer.
La ministra aseguró que el gobierno ha enfrentado la
situación de los mapuches "presentando recursos frente a la
justicia para poder mantener a las personas que en este momento
se encuentran en huelga de hambre, alimentadas".
De esta forma, Von Baer adelantó una respuesta a la solicitud
de familiares de los huelguistas y de parlamentarios de la
oposición, de instalar una mesa de diálogo mediada por
representantes de la Iglesia católica.
El presidente del Senado, Jorge Pizarro, reconoció que
el Congreso tiene el desafío de modificar la ley Antiterrorista
-impuesta por la dictadura en 1984, y que en la democracia
siguió vigente- por la cual están siendo juzgado los mapuches.
Los 32 huelguistas, que encuentran presos por sus protestas en el marco de la denominada recuperación de tierras ancestrales, presentan serios deterioros en su salud, con bajas de peso que van entre los 14 y 17 kilos.
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