La Policía Federal mexicana, uno de los cuerpos de seguridad que encabeza junto a las Fuerzas Armadas la lucha contra el crimen organizado, anunció ayer el cese del 9,2% de su plantilla en el proceso de "depuración" más importante aplicado desde que Felipe Calderón llegó a la Presidencia de México.
La salida de los 3.200 agentes es sólo la primera fase de un proceso que podría reducir más aún el personal de esta institución, ya que otros 1.020 policías han suspendido los "exámenes de control de confianza" y quedan a las puertas de la expulsión.
Además hay 465 "elementos (agentes) consignados ante el Consejo Federal de Desarrollo Policial" lo que también podría truncar su carrera como servidores públicos, explicó hoy en rueda de prensa el comisionado general de la Policía Federal, Facundo Rosas.
En este último grupo están precisamente cuatro mandos medios policiales de Ciudad Juárez (norte) que fueron acusados de corrupción por sus subordinados y relevados el 7 de agosto pasado, así como los 250 agentes que se insubordinaron contra ellos en un bochornoso espectáculo que dio la vuelta al mundo.
Con la purga y las expulsiones anunciadas hoy la Policía Federal queda con 31.300 agentes activos frente a los 34.500 con los que contaba. Facundo Rosas detalló que desde el pasado 18 de mayo, cuando entró en vigor un nuevo reglamento de la Policía Federal, comenzó un "proceso permanente" de depuración que utiliza nuevos instrumentos jurídicos contenidos en la Ley de la Policía Federal y la General del Sistema de Seguridad Pública.
El funcionario señaló que la purga forma parte de una labor que va a permitir "estar revisando" al personal, sus protocolos, sus formas de trabajo, con idea de convertir a la corporación en una institución modélica. Los expulsados están en "todas las áreas" de la policía y quedan automáticamente vetados para acceder a otro cuerpos policiales de los estados federados o municipales.
Las sanciones aplicadas se contemplan en el llamado sistema Plataforma México, que pretende servir como un primer filtro y teóricamente impedir las contrataciones de agentes, así como para compartir información del Gobierno federal sobre la delincuencia con los 32 estados del país. La institución señala que vigilará por si algunos de ellos llegaran a involucrarse en alguna actividad ilícita.
En declaraciones a Efe, Edna Jaime, directora general de México Evalúa -un centro de investigación especializado en medir la eficacia y calidad de la gestión gubernamental mediante la observación constante de los resultados de las políticas- consideró la medida positiva y una prueba de que "la cosa va en serio" en relación con la profesionalización de los cuerpos policiales.
Sin embargo, la purga se anuncia en un momento en que el Gobierno de Calderón "está en una situación extremadamente delicada porque el tema de la violencia está fuera de control en algunas regiones, y su intervención en Ciudad Juárez no está dando resultados", agregó.
Según Jaime, de momento "no hay ningún indicador" que permita afirmar que la estrategia de combate frontal contra el crimen organizado lanzada por el mandatario en diciembre de 2006 "está dando resultados", ni en asuntos como el secuestro, la extorsión y los homicidios, ni en incidencia delictiva en general.
La Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) lleva años tratando de erradicar la corrupción de la Policía Federal, buscando contar con una plantilla de agentes federales más confiables. Calderón ha impulsado desde su llegada al poder una estrategia de combate frontal contra el crimen organizado con las Fuerzas Armadas en la vanguardia, y con el apoyo de la Policía Federal, que depende de la SSP.
Hasta el momento esta política no ha servido para revertir la ola de violencia que afecta al país y que ha dejado más de 28.000 muertos desde que el mandatario asumió el poder el 1 de diciembre de 2006. Los resultados más importantes, según México Evalúa, se concentran en la captura de capos, pero ello no ha impedido que se intensifique la violencia.
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