-El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán aseguró que en los juicios celebrados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar está en juego "el derecho a la verdad que corresponde a los familiares de las víctimas, pero también a toda la ciudadanía".
"En los procesos penales en los que se investigan violaciones a los derechos humanos, la verdad jurídica constituye un hallazgo de jerarquía semejante a la atribución de responsabilidad penal a los imputados”, aseveraron los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi.
En la sentencia dictada en el marco del segundo juicio por violaciones a los derechos humanos celebrado en Tucumán, cuyos fundamentos fueron leídos el lunes, los magistrados dedicaron todo un apartado al "derecho a la verdad”.
"La verdad jurídica, tratándose de crímenes internacionales, impacta con especial intensidad en las víctimas, sus familiares y la sociedad toda, en tanto tiene íntimo compromiso con la construcción de una sociedad democrática y la vigencia plena del estado de derecho”, subrayaron los camaristas.
Los jueces insistieron en que "lamentablemente no se pudo a lo largo de las audiencias responder a los familiares de las víctimas dónde están los cuerpos, lo que constituye una dolorosa realidad para aquellos, pero también para toda la ciudadanía”.
Asimismo, los magistrados recalcaron que "nada puede impedir a los familiares conocer lo que aconteció con sus seres cercanos, lo que requiere que el propio Poder Judicial el que pueda emprender las investigaciones que sean necesarias”.
"El esclarecimiento de los hechos es clave para satisfacer el derecho a la verdad sobre personas desaparecidas de modo tal que, aún sin poder saber donde está el cuerpo de la víctima, permite morigerar el dolor de la incertidumbre y abrir la posibilidad de un duelo. Así obra la Justicia de los hombres como un modo de
reparación, que, aunque imperfecto, opera como una sanación”, expresaron los jueces.
En este juicio oral se condenó a Luciano Benjamín Menéndez (ex titular del III Cuerpo de Ejército, del que dependía la V Brigada de Infantería de Tucumán) y al ex policía Roberto "El tuerto” Albornoz a prisión perpetua, mientras que impuso 18 años de prisión a Luis de Cándido, también ex policía.
Asimismo, los jueces impusieron a Carlos de Cándido la pena de tres años de prisión (sujeta a ejecución condicional) debido a haber usurpado el inmueble que era de propiedad de Rolando Coronel, víctima del terrorismo de Estado, hecho que fue calificado como delito de lesa humanidad.
El tribunal leyó el lunes los fundamentos de la sentencia que había dictado el 8 de julio.
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