Uruguay avanza en la búsqueda de garantizar protección social a trabajadores y trabajadoras sexuales mediante una iniciativa que tiene el apoyo de organizaciones vinculadas a la temática y que, además, la consideran pionera en América Latina.
Interesado en el respeto sexual, Uruguay aprobó los últimos años la Ley de Unión Concubinaria más allá de la orientación sexual; igualó las condiciones de adopción a parejas homosexuales y habilitó el cambio de identidad a transexuales, y ahora busca garantizar cobertura social a grupos vulnerables como los trabajadores sexuales.
Con ese fin, las autoridades están alentando a quienes se
dedican al trabajo sexual -y mientras estudia alternativas- a
inscribirse bajo la modalidad de "empresa unipersonal" en la
órbita del Banco de Previsión Social, responsable de coordinar
los servicios estatales de previsión y seguridad social.
"Son pasos que se están dando en pro de la igualdad de
derechos", dijo el titular de la entidad, Ernesto Murro, quien
anunció, saliendo al cruce de críticas que la consideran
onerosa, un proyecto de "monotributo" cuyo acceso, más
económico, posibilitará a un número mayor de personas
regularizar su situación y obtener beneficios.
La iniciativa "no tiene antecedentes similares en América Latina", donde es "totalmente pionera", dijo a ANSA Michelle Suárez Bertora, de la agrupación de homosexuales, transexuales y lesbianas Ovejas Negras.
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