13/08/2010 - En General

Es necesario buscar alternativas al encierro para mujeres privadas de libertad

Una investigación dio conocer, el viernes, las condiciones de detención de las mujeres presas desde una visión de género, enfatizando la necesidad de buscar alternativas al encierro como pena hegemónica, afirmaron defensores, procuradores y penitenciarios en la Facultad de Derecho de la UBA, donde se realizó la presentación.

Además, según el Servicio Penitenciario Federal, la población de mujeres en las cárceles federales pasó de 298 en 1990 a 1.039 en 2007, lo que implica un incremento del 350%.

El informe, desarrollado por la Defensoría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria nacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), reveló que las mujeres encarceladas pertenecen a los sectores más vulnerables y el 86% de las mujeres encuestadas son madres en su gran mayoría cabeza de
familias monoparentales. 

"Existe una gran desproporción entre el daño social que producen los delitos por los que principalmente se encarcela a las mujeres en el sistema federal y el castigo al que son sometidas, no sólo por la duración de las condenas sino también por las consecuencias que acarrean para sus familias la privación de la libertad", afirmó el procurador federal penintenciario, Francisco Mugnolo. 

El procurador indicó que "así como la palabra `hijo` es la más mencionada por las encuestadas, yo digo que nunca es mencionada por la Justicia" en las sentencias. 

La edad promedio de las mujeres detenidas es 36 años; el 48% de las presas son extranjeras; la inmensa mayoría de las reclusas, el 80%, delinquieron por primera vez, pero el nivel de "primarias" crece al 96% en el caso de las extranjeras; el 67% nunca fueron visitadas por sus hijos menores de edad.  

 La defensora Fernanda López enfatizó que "las mujeres llegan ahí porque hay políticas criminales absolutamente irracionales". 

En momentos en que "se habla de mano dura y restricción de derechos, principalmente de la libertad, es importante aclarar que los delitos que les imputan a estas mujeres no tienen que ver con demandas de seguridad sino con tipificaciones sobre estupefacientes, donde se desdibuja la relación
víctima-victimario", indicó López. 

Durante la presentación del estudio en base a encuestas a 148 mujeres privadas de libertad del sistema penitenciario federal, a la que asistió Télam, Gastón Chiller, integrante del CELS, afirmó que el estudio "interpela a los tres poderes del Estado y promueve reformas legales que surjan de sus conclusiones".   

La investigación aborda quiénes son las mujeres encarceladas; la política de la persecución penal sobre las mujeres; la situación procesal de las detenidas; la maternidad en prisión; las condiciones detención como pena añadida y las requisas abusivas con obligatoriedad de desnudarse y exhibir cavidades del cuerpo. 

Mugnolo afirmó que "la gran mayoría de las mujeres están privadas de la libertad por delitos de necesidad económica, y así como promovimos la legislación para que las mujeres con hijos cumplan condena con prisión domiciliaria, y aunque muchos juecen no la aplican, no somos indiferentes en promover" normas para quienes no deberían estar en la cárcel. 

Entre las normas vigentes, está la morigeración del encierro, con salidas transitorias para trabajar y visitar a la familia, a las que se puede acceder a mitad de la condena (artículo 17 de la Ley 24.660). 

"La violación sistemática de los derechos fundamentales de las mujeres presas pone en evidencia la irrealización de los pretendidos fines resocializadores que constitucionalmente se le han otorgado a la pena de prisión", sostiene el informe. 

El derecho a la educación, al trabajo, a la salud, así como a condiciones dignas de detención "son vulnerados cotidianamente, lo que confirma que la cárcel es incapaz de pruducir efectos positivos y permiten definirla como un espacio de reproducción de desigualdades, violencia y exclusión", concluye.- (Télam).