La gobernante coalición de izquierdas de Uruguay, Frente Amplio, concluyó un proyecto para eliminar la Ley de Caducidad, que en 1986 brindó impunidad a militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1985).
El proyecto "permite eliminar la Ley de Caducidad, va a carecer de efectos, va a ser inaplicable y Uruguay se pone al día con el derecho internacional y con la Constitución de la República", explicó a ANSA el abogado Oscar López Goldaracena, uno de los redactores de la iniciativa.
López Goldaracena precisó que el texto, sobre el que se
alcanzó un acuerdo en la jornada, significa "una interpretación
de la Constitución de la República" y agregó que se aspira a que
el mismo "tenga el consenso de todas las fuerzas políticas".
"Somos profundamente optimistas de que en muy corto plazo se
termine la Ley de Caducidad", agregó.
La Suprema Corte de Justicia dictaminó en octubre de 2009 que
la ley es inconstitucional, al tiempo que organismos
internacionales señalan que la norma viola pactos firmados por
Uruguay en materia de Derechos Humanos, como el de San José de
Costa Rica.
El gobierno precedente de Tabaré Vázquez excluyó varios casos
de la norma, lo que permitió en 2006 y 2007 enviar a prisión al
ex dictador Gregorio Alvarez y a una decena de ex militares y
policías por delitos de lesa humanidad.
La Ley de Caducidad fue aprobada en el Parlamento en 1986 y ratificada por plebiscitos en 1989 y 2009.
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