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Gobierno boliviano denuncia conspiración política en Potosí

El gobierno convocó el miércoles a las organizaciones cívicas de Potosí a un desarme espiritual que beneficie a la población antes que prestarse a manipulaciones político-partidarios de derecha que buscan precipitar situaciones de confrontación.

En una conferencia en el palacio de Gobierno, el Portavoz Oficial de la Presidencia, Iván Canelas, junto a los Ministros de Gobierno y de Minería, Sacha Llorenti y José Pimentel, advirtió sobre la actitud de los cívicos potosinos que bloquean recurrentemente el diálogo con el Gobierno y provocan un mayor sufrimiento a la población que habita esa región del sur de Bolivia.

Canelas identificó a algunos dirigentes políticos de partidos de oposición como Gonzalo Barrientos Alvarado, Amílcar Barral, Marco Antonio Villa y Guido Romay, candidatos a diputados del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Poder Democrático y Social (PODEMOS), Alianza Social (AS) y Unión Cívica Solidaridad (UCS) de haber conjuncionado acciones para "provocar situaciones de confrontación sin pensar en los intereses del pueblo de Potosí".

Señaló que Barral y Villa son connotados dirigente de AS del alcalde de Potosí, René Joaquino, que encabezan una estrategia de conflicto bajo el epígrafe de defender los intereses potosinos.

"Han quedado totalmente identificados estos movimientos políticos que solamente buscan provocar problemas al Ejecutivo bajo el pretexto de defender al pueblo", anotó.

Dijo que, por ejemplo, Barrientos reside en Potosí y ahora se ha trasladado a La Paz "para dirigir una huelga de hambre con fines políticos antes que de beneficio regional".

Canelas hizo conocer que existe preocupación no solamente en el Gobierno, sino en el pueblo boliviano y en la comunidad internacional por lo que sucede en Potosí.

Mencionó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha manifestado al respecto al denunciar públicamente la violación a los derechos humanos que sufre la población de Potosí a consecuencia de la huelga general indefinida, que hoy llegó a las dos semanas.

"Se violan los derechos de movilización y de acceso a la educación, salud y a los derechos del niño con actitudes de violencia emergentes de las medidas de presión", enfatiza el posicionamiento de la ONU al reclamar por la solución del problema por el diálogo.

Igualmente la ONU ha convocado a los medios de comunicación a coadyuvar a un clima de distensión que permita encaminar las soluciones en sujeción a la ética profesional.

El Portavoz Presidencial desmintió los argumentos de los sectores huelguistas en sentido de que el Gobierno no hizo nada por Potosí.

Afirmó que, solamente en carreteras, el Ejecutivo ha aprobado un presupuesto de 577 millones de dólares para mejorar la integración vial de la región, una cifra muy superior a la que accedieron otros departamentos.

Dijo que por ejemplo están en marcha proyectos para optimizar las carreteras entre Potosí-Tupiza-Villazón, Tupiza-Cotagaita y la Diagonal Jaime Mendoza para el desarrollo de la región y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

Agregó que a ello se suma la construcción de escuelas, coliseos y campos deportivos en Potosí con recursos del programa "Bolivia cambia, Evo Cumple.

Consultado sobre la actitud que asumirá el presidente Evo Morales para la solución de este problema, reiteró que el Gobierno ha convocado al diálogo, pero instó a los grupos cívicos e institucionales de Potosí a levantar las medidas de presión que perjudican al pueblo.

De acuerdo con informes provenientes de Potosí, el pueblo sufre cada día más por el desabastecimiento de alimentos y porque centenares de personas están varadas en las carreteras sin agua ni alimento y soportando los rigores del clima.

El ministro de Minería, José Pimentel, subrayó que la paralización productiva minera de Potosí sufre por la huelga pérdidas irreparables que afectarán a la población.

"Potosí ha recibido el año pasado 59 millones de dólares de regalías mineras, los cooperativistas mineros generan 200.000 dólares al día, la mina San Cristóbal puede sufrir perjuicios de dos millones de dólares diarios", indicó.

El ministro de la Presidencia, Oscar Coca, había advertido el martes que otro de los sectores perjudicados en Potosí es el de turismo, una vez que la región es visitada anualmente por decenas de miles de turistas provenientes de diversos países que dejan ganancias al departamento.

"Con esta huelga con actos de violencia, Potosí ha pasado a la línea roja del turismo y algunos países ya advirtieron a los potenciales visitantes que se abstengan de venir al país" dijo.

El Ministro de Minería agregó que las demandas presentadas por los huelguistas a nombre de Potosí son encaminadas por el Gobierno con medidas puntuales.

Por ejemplo existen estudios para garantizar la preservación de los recursos mineros del cerro rico de Potosí, donde trabajan cooperativas mineras, para trasladarlas a otras áreas de operaciones.

Pimentel señaló que en lo que se relaciona a la planta metalúrgica de Karachipampa, las autoridades garantizaron a los trabajadores la estabilidad laboral y la reactivación de ese proyecto ante la defección anunciada de la empresa canadiense Atlas.

El Gobierno ha convocado al diálogo en reiteradas ocasiones y sostuvo una comunicación epistolar con la dirigencia cívica potosina, contrariamente a lo que dicen sus dirigentes.

En la actualidad los ministros de la Presidencia y de Autonomías, Oscar Coca y Carlos Romero, esperan en Sucre el diálogo con las dirigencias de Potosí y de Oruro para encaminar la solución del centenario problema de límites entre las poblaciones de Coroma y Quillacas.

Aún está en pie la oferta gubernamental de disponer el traslado de sus Ministros a Potosí para dialogar sobre las demandas potosinas, además de la planta de Karachipampa y la preservación del cerro rico de Potosí, como ser el mejoramiento vial, la construcción de un aeropuerto internacional la instalación de una fábrica de cemento.

Canelas reiteró que el presidente Morales también está dispuesto a recibir en La Paz a los dirigentes de Potosí para dialogar sobre sus demandas, pero una vez que suspendan las medidas de presión declaradas hace dos semanas y que provocan un serio daño a su población.