La Autoridad de Bosques y Tierras, Clíver Rocha, advirtió ayer domingo que si no frena la deforestación ilegal y la quema de bosques, Bolivia será un cementerio desolado en menos de 20 años.
Alarmado por los datos y por el ritmo creciente de los desmontes, Rocha reflexiono sobre la necesidad de encarar políticas urgentes para terminar con esa práctica que termina con al menos 400 mil hectáreas de bosques por año.
"Si ese ritmo se mantiene este país, en unos 20 años, va a ser un cementerio desolado, a eso nos está llevando este sistema capitalista de la expansión, de la agroindustria exportadora como la soya, de la ganadería, para convertir bosques en tierras agrícolas y en pastos para la ganadería", remarcó en una entrevista con los medios estatales.
Explicó que los desmontes legales ascienden a 417, 106 hectáreas y las quemas ilegales a 572.399, aunque aclaró que la cifra de la deforestación autorizada tiene sólo datos de lo que la Superintendencia, hoy Autoridad de Bosques y Tierras, conoce y no de los desmontes clandestinos, "invisibilizados", donde no puede llegar la autoridad.
A su juicio, el manejo sostenible de los bosques no se ha hecho de manera eficiente o en la práctica no se ha dado, por lo que el Estado no sabe lo que en realidad está pasado con las concesiones forestales.
"Se han establecido dos mecanismos: las inspectorías forestales y las auditorias. No se ha hecho una sola inspectoría del 96 a la fecha", protestó.
En esa dirección aseguro que el estado no ha ejercido la fiscalización y el monitoreo dejando que las concesiones forestales sean una especie de feudos privados de aprovechamiento.
Dijo que, por tanto, es urgente comenzar a transparentar la información y generar una conciencia colectiva, crítica de lo que está pasando.
"Queremos proyectar cambios en el inmediato plazo, tenemos que parar esto", urgió.
En esa dirección dijo que se tiene que cambiar la mentalidad de algunos sectores conservadores que se oponen a cambiar las normas, porque como están, es demasiado lucrativo quemar tierras a un costo de 0,20 dólares la hectárea.
"Esto no puede seguir, el costo de la ilegalidad, de la criminalidad contra la terminación de los bosques y la alteración de los suelos. Es demasiado barato y el costo de la legalidad y las consecuencias son caras y serán carísimas sino le ponemos un límite", subrayó.
Anuncio que en el corto plazo, el Gobierno hará cambios en los desmontes, en los precios de las multas, en las restricciones del transporte ilegal, en mejorar los controles y las inspecciones y auditorias para que las tierras que cumplan con las leyes se queden concesionados y las que no retorne a poder del Estado.
Y en el largo plazo construir el nuevo régimen forestal establecido en la nueva COE, agrego.
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