Uruguay extenderá la cobertura de su Sistema Nacional Integrado de Salud, una de las reformas clave del gobierno precedente, a cargo de Tabaré Vázquez, que asignará a cada usuario un médico de cabecera y sumará beneficiarios y prestaciones en salud mental y odontológica.
No obstante, el funcionamiento del sistema es criticado por sectores de la oposición, que advierten sobre problemas de financiamiento y un deterioro en la atención médica.
"Estamos promoviendo el primer nivel de atención y la medida central de este quinquenio va a ser la adjudicación a cada
usuario de un médico de referencia o médico de cabecera", dijo a ANSA el ministro de Salud, Daniel Olesker.
Explicó que las clínicas privadas en Uruguay están obligadas a que al menos un tercio de sus usuarios cuenten con un médico de referencia, y que el propósito es aumentar esa relación "hasta llegar a 2014 con un médico de cabecera para cada ciudadano".
Las autoridades sanitarias del gobierno de José Mujica también se plantearon como meta, a partir de este año, la incorporación de nuevos beneficiarios y de prestaciones en atención de la salud que hasta ahora no están cubiertas y que por lo general tienen un costo elevado para los pacientes.
Desde enero de 2008, trabajadores y pasivos aportan un porcentaje de sus ingresos al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y mediante ese aporte reciben cobertura médica para ellos y para los hijos menores de 18 años.
A partir de este año, el Fonasa integrará en forma progresiva a los cónyuges de esos trabajadores, al 80% de los pasivos que no están comprendidos y a los profesionales independientes, lo que significará que los 3,2 millones de habitantes queden incorporados al sistema nuevo.
Por otra parte, desde enero de 2011 el nuevo régimen extenderá sus prestaciones a la atención psicológica y, desde 2013, en salud bucal, especialidades que se tratan en forma particular, salvo emergencias, por fuera de las instituciones médicas y a un costo elevado.
El Servicio Nacional de Salud del país está compuesto por una institución pública, ASSE, que administra los hospitales estatales de Montevideo y del interior, y por 40 entidades privadas, de las cuales 12 en la capital.
Las clínicas privadas prestan asistencia a unos 1,9 millones de usuarios, al tiempo que ASSE da cobertura a 1,2 millones, en un sistema que permite al paciente elegir entre la prestación pública y la privada.
Uruguay destina a la salud 7,5% de su PIB, unos 2.500 millones de dólares entre todo el sistema, más desembolsos menores para la compra de medicamentos y atención odontológica, al tiempo que el gasto promedio por persona se ubica en unos 50 dólares mensuales.
El Partido Nacional, conservador y principal de oposición, critica algunos aspectos del sistema, "como la calidad asistencial y desde el punto de vista de los aspectos financieros", dijo a ANSA el diputado Javier García, de la Comisión de Salud de la Cámara.
García agregó que de acuerdo a declaraciones de un funcionario del ministerio de Economía en el parlamento, el ingreso de algunos sectores al Servicio Integrado "implica un déficit de 150 millones de dólares", lo que supondría "pagar eso mediante el aporte de impuestos como el IVA o el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas".
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