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AMPLIARPor una nueva Ley de Financiamiento

Docentes reclaman una nueva Ley de Financiamiento Educativo

Docentes presentarán ante la Comisión de Educación de la Legislatura y enviarán firmas al Congreso de la Nación solicitando que se sancione una nueva ley que “responda a demandas genuinas del sector docentes, en beneficio de la educación pública”, señaló David Toledo, secretario general de ATEP.

ATEP, como entidad de base de CTERA, inició en Tucumán una campaña para lograr la sanción de una nueva Ley de Financiamiento del Sistema Educativo que permita alcanzar las pautas establecidas en la nueva Ley Nacional de Educación, como la obligatoriedad del nivel inicial, obligatoriedad de la escuela secundaria, escuelas de jornada completa, capacitación en servicio, nuevas escuelas e infraestructura, becas y salario digno para los educadores de nuestro país.

La actual Ley de Financiamiento Educativo (N° 26075) vence en enero de 2011, y es fruto de una lucha que la docencia lleva adelante en todo el país a través de C.T.E.R.A. y a partir de la instalación de la emblemática Carpa Blanca en 1997.

Esta Ley destina presupuesto para Educación, permitiendo mayor inversión en temas centrales para sostener una educación pública de calidad, en igualdad de oportunidades para todos y todas, garantizando el derecho social a enseñar y aprender.

“Si bien se han obtenido muchos logros a partir de la aplicación de la Ley de Financiamiento Educativo, observamos que existen límites que hacen necesaria una nueva ley que responda a demandas genuinas del sector docentes, en beneficio de la educación pública”, señaló David Toledo, secretario general de ATEP.

En este sentido los educadores señalaron que “es evidente que la actual inversión no alcanza para llegar a la universalización del nivel medio en un lapso razonable. No fue cumplida una de las metas que es lograr un 30% de escuelas sean de jornada completa.  No se superaron las inequidades entre las provincias. Queda claro que la propuesta de la CTERA que planteaba que el Estado Nacional debía aportar un 60% de la nueva inversión era más apropiada que la que resultó votada en las cámaras ya que muchas provincias han llegado a su tope de inversión educativa con recursos propios.

Por eso, sostienen que el desafío es obtener una nueva Ley que contemple “mayor porcentaje del PBI para educación; partidas exclusivas para educación a cargo de las provincias y presupuesto propio aparte para la educación universitaria; incremento de la participación del Estado Nacional en la inversión educativa, aporte para salarios, incluyendo avance en la cobertura de inicial y secundaria; inclusión de criterios objetivos de distribución de recursos entre las provincias basados en variables medibles y sujetas a evaluación permanente; incorporación de instancias de seguimiento de la inversión tanto nacional como provincial, con participación de los gremios representados en la paritaria nacional.