La justicia chilena inició una investigación por la supuesta venta de viviendas de emergencia que recibieron pobladores del sur del país tras perder sus casas en el devastador terremoto del 27 de febrero.
La investigación fue abierta por el Ministerio Público (Fiscalía) de la ciudad de Talca, 252 kilómetros al sur de Santiago.
Las instalaciones, que tienen un valor
aproximado de 830
dólares, fueron cedidas gratuitamente por el gobierno a las
familias damnificadas, pero algunas de ellas denunciaron haber
pagado por ellas uno 277 dólares.
El fiscal jefe de la zona,
Oscar Salgado, responsabilizó del
ilícito a "funcionarios de la Municipalidad de Talca".
El abogado
del municipio, Walter Barramuño, explicó que se
entrevistó de manera aleatoria a algunas de las 2.500 familias
favorecidas con las viviendas.
"Se encontraron dos o tres casos
en que las personas,
efectivamente, señalaban haber pagado a funcionarios municipales
por las viviendas", explicó.
El ministro de Planificación, Felipe Kast, calificó la situación como "gravísima".
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