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Italia: encarcelarían a periodistas que publiquen conversaciones privadas

La Comisión de Justicia del Senado italiano que está votando punto por punto un decreto que formula nuevas reglas sobre las escuchas telefónicas captadas durante una investigación policial o judicial, acaba de dar luz verde a maxi multas de hasta medio millón de euros para los editores que publiquen su contenido antes de la audiencia preliminar.

Otra parte del texto -que será aprobada el lunes, cuando se reanude el debate de la comisión - prevé penas aún más severas para los periodistas: hasta 20.000 euros y dos meses de cárcel si publica el contenido conversaciones grabadas y la suspensión temporal del permiso para ejercer la profesión.

La multa puede elevarse entre 2.000 y 10.000 euros si lo que se saca a la luz son actas protegidas por el secreto del sumario. Pero la pena más grave será la de prisión de seis meses a tres años para quienes publiquen escuchas de las que ha sido ordenada su destrucción o que resulten ajenas a las investigaciones.

Penas similares en España habría supuesto el encarcelamiento de, por ejemplo, los periodistas de EL PAÍS que han investigado el caso Gürtel.

A pesar de que los senadores al salir del aula esta tarde declararan haber dado luz verde al polémico punto, hace unos minutos ha llegado la desmentida: el decreto Alfano (el Ministro de Justicia que ha preparado el texto) sigue en examen en la Comisión, que de momento, no ha llegado a la enmienda sobre los periodistas. El clima en el país transalpino se tensa alrededor de la nueva norma. Los sindicatos de los periodistas llevan meses movilizados.

Magistrados antimafia temen ver desperdiciado el trabajo de años. La comunidad de los internautas lanza mensajes de indignación y desaliento. Más de 76.000 personas han firmado una carta a favor de la libertad de información promovida por juristas y constitucionalistas. Sin embargo, el Pueblo de la Libertad, liderado por Il Cavaliere, está derrotando todas las enmiendas presentadas por la oposición, que define el nuevo decreto: la ley de la mordaza.

Ya aprobadas las penas para los topos e incluso para las fuentes de información secretas de los periodistas. Quien filtre noticias relacionadas con actas o documentos sobre los cuales el juez no haya levantado el secreto del sumario corre el riesgo de acabar en la cárcel de uno a seis años. Lo mismo vale, por supuesto, para el periodista, que compartirá la pena con la garganta profunda que le ha pasado la información. Si el hecho que se descubre y se hace público involucra agentes de los servicios secretos, la pena es de 6 años.

Tampoco se podrán hacer grabaciones televisivas de un juicio sin que todas las partes estén de acuerdo. Bastará con que un solo imputado niegue su consentimiento para que las cámaras se queden fuera de un proceso penal, a lo mejor relevante para la opinión pública, como los que se celebran por hechos de la mafia.

Otro capítulo polémico del decreto que el Senado italiano está aprobando punto por punto es la llamada enmienda D'Addario, el apellido de la prostituta Patrizia que grabó sus conversaciones con Silvio Berlusconi . Ricas de comentarios y pormenores sobre sus encuentros sexuales, las grabaciones fueron publicadas en los periódicos y emitidas en radios y televisiones, desatando antes del verano una suerte de sexgate a la italiana. Con el nuevo decreto, Il Cavaliere se cura en salud: nadie excepto la justicia podrá grabar conversaciones sin que las personas involucradas lo sepan y den su visto bueno. Y la pena para quien lo haga podrá ser de hasta cuatro años .

Faltan 30 enmiendas por aprobar. Y faltan pocas horas para que el Gobierno resople en un profundo suspiro de alivio. Probablemente el lunes, por la noche.Un nuevo decreto del Gobierno presidido por Silvio Berlusconi, que la Comisión de Justicia del Senado está aprobando punto por punto, establece condenas más severas para los reporteros y editores que publiquen el contenido de escuchas telefónicas captadas durante una investigación policial o judicial: hasta medio millón de euros de multa al editor, hasta 20.000 euros y dos meses de cárcel para el periodista, al que también se le puede prohibir temporalmente el ejercicio de la profesión. La multa puede elevarse entre 2.000 y 10.000 euros si lo que se saca a la luz son actas protegidas por el secreto del sumario.

Pero la pena más grave será la de prisión de seis meses a tres años para quienes publiquen escuchas de las que ha sido ordenada su destrucción o que resulten ajenas a las investigaciones. Penas similares en España habría supuesto el encarcelamiento de, por ejemplo, los periodistas de EL PAÍS que han investigado el caso Gürtel.

El clima en el país transalpino se tensa alrededor de la nueva norma. Los sindicatos de los periodistas llevan meses movilizados. Magistrados antimafia temen ver desperdiciado el trabajo de años. La comunidad de los internautas lanza mensajes de indignación y desaliento. Más de 76.000 personas han firmado una carta a favor de la libertad de información promovida por juristas y constitucionalistas. Sin embargo, el Pueblo de la Libertad, liderado por Il Cavaliere, está derrotando todas las enmiendas presentadas por la oposición, que define el nuevo decreto: la ley de la mordaza.

Las penas se hacen más severas también para los topos e incluso para las fuentes de información secretas de los periodistas. Quien filtre noticias relacionadas con actas o documentos sobre los cuales el juez no haya levantado el secreto del sumario corre el riesgo de acabar en la cárcel de uno a seis años. Lo mismo vale, por supuesto, para el periodista, que compartirá la pena con la garganta profunda que le ha pasado la información. Si el hecho que se descubre y se hace público involucra agentes de los servicios secretos, la pena es de 6 años.

Tampoco se podrán hacer grabaciones televisivas de un juicio sin que todas las partes estén de acuerdo. Bastará con que un solo imputado niegue su consentimiento para que las cámaras se queden fuera de un proceso penal, a lo mejor relevante para la opinión pública, como los que se celebran por hechos de la mafia.

Otro capítulo polémico del decreto que el Senado italiano está aprobando punto por punto es la llamada enmienda D'Addario, el apellido de la prostituta Patrizia que grabó sus conversaciones con Silvio Berlusconi . Ricas de comentarios y pormenores sobre sus encuentros sexuales, las grabaciones fueron publicadas en los periódicos y emitidas en radios y televisiones, desatando antes del verano una suerte de sexgate a la italiana. Con el nuevo decreto, Il Cavaliere se cura en salud: nadie excepto la justicia podrá grabar conversaciones sin que las personas involucradas lo sepan y den su visto bueno. Y la pena para quien lo haga podrá ser de hasta cuatro años .

Faltan 30 enmiendas por aprobar. Y faltan pocas horas para que el Gobierno resople en un profundo suspiro de alivio.

Fuente: El País.