El presidente boliviano Evo Morales anunció el miércoles que el magistrado español, Baltasar Garzón, con quien se reunió en la capital española, asesorará a su Gobierno en la reforma judicial que impulsa en su país.
Tras una reunión privada de más de 40 minutos, Morales dijo que Garzón "aceptó encantado" reunirse con abogados de "confianza" para transmitirles su experiencia judicial, para que Bolivia implemente "transformaciones profundas en democracia".
Dijo que personalmente pidió una entrevista con el
magistrado español, porque es conocido mundialmente como un gran
defensor de la democracia, de la justicia y de los derechos humanos.
"Es famoso, respetado y muy conocido", justificó el mandatario
boliviano quien dijo que en la reunión constató que Garzón es solidario
con la gente pobre.
Morales, que asistió en Madrid a la cumbre de la Unión Europea con
América Latina, había expresado antes de la reunión con Garzón "su
admiración" hacia el juez y había lamentado que no tuvo hasta ahora la
oportunidad "de estrecharle la mano".
En declaraciones a los periodistas, Morales señaló que tenía
previsto reunirse con el juez Garzón "para expresarle la solidaridad de
los pueblos contra las presiones a las que ha sido sujeto por el solo
hecho de abrir investigaciones sobre los desaparecidos durante el
franquismo en España".
Dijo que siente admiración por Garzón, gracias a cuyas
investigaciones se desvelaron todos los hechos cometidos por la
dictadura del general Augusto Pinochet, en Chile, lo que se convirtió en
un importante antecedente para que otros países iniciaran
investigaciones sobre los mandatos militares que asolaron la región
desde la década de los años 70.
"Garzón es una gran personalidad no sólo europea o española, sino
mundial", dijo, al subrayar que le transmitirá solidaridad por los
hechos que le afectan a consecuencia de una contra ofensiva de la
derecha española.
El juez, que logró fama mundial como artífice de la detención del
dictador chileno Augusto Pinochet, fue suspendido la semana pasada
cautelarmente de sus funciones por un supuesto delito de prevaricación
por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.
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